Habitantes del barrio Lowo Che de Toay vienen reclamando desde hace tiempo la regularización de eventos y fiestas que se hacen y que generan, hasta la madrugada, ruidos molestos para los vecinos. Hay dos ordenanzas que no se aplicarían.
Al influjo de la pandemia, el encierro y la crisis económica, se multiplicó la oferta de quintas privadas en alquiler para fiestas, cumpleaños y casamientos.
Música a alto volumen en diferentes horarios del día, pero sobre todo de noche, cantos, gritos y hasta lanzamiento de fuegos de artificios son algunas de las molestias que padecen casi a diario los vecinos de la zona.
Todo, ante una supuesta pasividad estatal que parece hacer «la vista gorda», pese a los innumerables llamados a la policía y presentaciones que vienen realizando en vano los frentistas. «Cuando llega la policía al lugar bajan la música, pero al minuto que se va vuelve a sonar a todo volumen», se lamentó al unísono un grupo de perjudicados. «Hasta animadores con micrófono en mano tienen las fiestas», acotaron.
¿Puede un propietario alquilar su inmueble para fiestas sin contar con habilitación municipal para tal efecto? ¿La municipalidad, con su policía, no puede hacer nada para impedirlas? ¿Es tan complejo usar el decibelímetro en las inmediaciones de una fiesta para comprobar niveles altos de sonido?
Cuando este diario les transmitió la preocupación de los pobladores a diversas autoridades, en voz baja la mayoría coincidió que existe una «cuestión sistemática» relacionada a la incumbencia de cada área y explicaron que en muchos casos es competencia del Juzgado de Faltas y de la Policía municipal, que «debe poner orden» a esas cuestiones. «Igual, es un tema muy difícil», admitieron las fuentes.
Lo notable es que resulte tan dificultoso para la municipalidad, que parece no reaccionar, desactivar el conflicto a sabiendas que Toay cuenta con ordenanzas que regulan los ruidos molestos, según recordaron desde el concejo deliberante.
No obstante, para ciertos funcionarios otro de los puntos «difíciles de resolver» radica en establecer hasta dónde se puede llegar con la regulación de un privado, independientemente que se sepa que utilizan una locación para hacer un negocio, algo rentado. «Si no los sorprendés vendiendo una entrada, pueden defenderse aduciendo que se trata de una reunión familiar», dijeron. «Ahí entra en juego la posición que debería asumir el Ejecutivo y la Policía provincial, que al arribar al lugar debe constatar que existe una fiesta y ruidos molestos utilizando el decibelímetro», propusieron.
Desde el CD de Toay reconocieron que «siempre hubo problemas con eso» y que la pelota termina cayendo en el Legislativo, que tiene regulado el tema. Allí creen que la policía puede intervenir labrando actas sistemáticamente, acorralando a los locadores, para que cesen en algún momento.
Lo cierto es que el concejo toayense se ocupó del tema en 1998, cuando sancionó la ordenanza 30/98 que regula los «ruidos molestos». Luego el artículo 1 de la iniciativa fue modificado, a través de la legislación 51/98, que estableció un máximo permitido de 40 decibeles en lugar de los 90 fijados desde un principio. En 2007 los ediles volvieron a tomar la problemática dando sanción a una nueva ordenanza, en este caso la 35/07, que es más amplia en sus articulados.
El concejal opositor Horacio López (Frente Cambiemos) le dijo a Diario Textual que los agentes que lleguen a una quinta con ruidos molestos deben apercibir a los responsables. Si la modalidad continúa están facultados para labrar multas. «Pueden medir el sonido, no hay problema con eso», afirmó.
Diferenció la situación de quintas privadas y salones autorizados. Estos últimos, dijo, pueden ser clausurados por ruidos molestos o exceso de personas. De todos modos, admitió que el problema podría demandar una actualización de la legislación. «Las cosas cambian y el panorama de hoy difiere de 2007, cuando se legisló por última vez sobre el tema. Por ahí, las ordenanzas que sirvieron en una época hoy ya no», concluyó.
