El diputado provincial Darío Hernández (Frente Renovador) presentó un proyecto de resolución solicitando a los legisladores nacionales que legislen a fin de impedir que las empresas que se encuentran vinculadas en denuncias de corrupción, no puedan celebrar contratos con el Estado Nacional, provincial y/o municipal, incluyendo a las que aún se encuentran con contratos en curso de ejecución contemplando que los mismos se revisen y rescindan.
Además el proyecto de resolución contempla que Poder Ejecutivo provincial excluya del Registro de Licitadores de la Provincia a todas las empresas que en el marco de la causas judiciales por corrupción sus representantes hayan reconocido judicialmente el pago de coimas, “aportes de campaña”, o cualquier otro emolumento ilegal, con motivo de la adjudicación de contratos de obra pública en cualquier jurisdicción.
“Las empresas involucradas no pueden ser partícipes de negocios con el Estado y mucho menos recibir subsidios para desarrollarse. Es hora de poner blanco sobre negro en los hechos no solo en las palabras, si esto no se cambia nada habrá cambiado, hablando de cambio”, dijo el legislador.
Hernández realizo un análisis al respecto: “¿Cuál es el tema de la obra pública? Si una obra pública, por ejemplo, cuesta diez mil en la carterizacion, las empresas se ponían de acuerdo entre ellas en lugar de pasar diez mil pasaban trece o catorce mil en lugar de diez, con lo cual estaban aumentando un cuarenta por ciento el precio de la obra, con eso hacían retornos a los sectores del gobierno que estaban involucrados, que obviamente no eran todos, pero si muchos de los que estuvieron en obras públicas durante doce años y esto generaba riqueza para los funcionarios pero también para las empresas porque estaban de acuerdo con eso”, explicó.
“Resulta que ahora nos encontramos con que los empresarios dicen que se arrepienten, entonces delatan algunas cosas, hablan de algunas cuestiones pero no devuelven el dinero y además siguen trabajando en la obra pública. La mayoría de las grandes empresas que han tomado licitaciones y tienen hoy trabajo en el Estado son responsables de lo que sucedió. Estas empresas han crecido al calor de la corrupción” remarcó el diputado.
“A mí me parece que esto hay que cortarlo por lo sano, todas estas empresas que están vinculadas a la obra pública y la corrupción de estos últimos años no tendrían que participar de la obra pública y no habría que darle una obra más», argegó.
