El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, le pidió a la Corte Suprema que se pronuncie sobre si las torturas aplicadas por mandos militares a soldados durante la Guerra de Malvinas son o no delitos de lesa humanidad. Lo propio hizo el Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM).
El fiscal y los ex combatientes apelaron un fallo de la Casación que revocó una decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que había dispuesto la imprescriptibilidad de los delitos que se les atribuyen a los jefes que estaquearon, golpearon, enterraron e hicieron pasar hambre a los combatientes.
El CECIM La Plata advirtió que “de sostenerse (el criterio de la Casación), devendría en el sobreseimiento de los imputados, en clara vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas de torturas cometidas durante la guerra de Malvinas, y en clara inobservancia de los estándares a los que, en materia de investigación, juzgamiento y reparación integral se ha obligado la República Argentina, a instancias de la rúbrica de instrumentos internacionales”.
De Luca, en tanto, le pidió a la Corte que “abra el recurso y analice de una vez por todas el fondo del asunto, a fin de resolver de una manera definitiva si los delitos aquí investigados son de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos”.
“Se trata –agregó- de un ‘leading case’ del derecho internacional, una situación única y difícilmente repetible”.
“Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad generan la misma obligación internacional para los Estados en cuanto al deber de búsqueda, detención, enjuiciamiento y -de corresponder- castigo de los responsables. Obstáculos como el instituto de la prescripción de la acción penal no son admisibles para incumplir con esas obligaciones”, reafirmó.
“En la causa se encuentran denunciados 95 militares, por 105 casos de tortura. En el expediente obran más de 150 testimonios que detallan la dinámica de la tortura”, completó el CECIM.
