Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron hoy la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a “instituciones de bien público”.
“El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados”, proclamó. Luciani reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”.
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias de Báez y sus allegados.
Pero también reclamó que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que –según su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado. También pidió que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de José Francisco López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
