Se viene una nueva pulseada por la represa Portezuelo del Viento, que Mendoza y Nación pretenden construir sobre el río Grande. La estrategia la dio a conocer hoy el gobernador Carlos Verna: será una batalla en la que se tratará de «convencer» a las empresas oferentes de la licitación, por el método de Participación Pública Privada (PPP), que la represa es inviable. Se suma a la pelea política, mediática y judicial que desde 2015 encabeza el mandatario provincial.
El mandatario dijo que la obra fue incluida en el proyecto de Presupuesto 2019, a través de los PPP. En este caso, las empresas que participen de la obra -luego de una licitación- recuperarán el dinero con lo recaudado por la venta de energía eléctrica.
“El trabajo de los pampeanos es explicarles a los particulares interesados en hacer la obra que la generación eléctrica es la tercera parte de lo que dice Mendoza: ellos dicen que será de 210 megas y nosotros hemos demostrado que son 76 megas. Eso es decisivo para calcular la tasa interna de retorno. No es lo mismo una represa que genera 210 de una que genera 76. Además nos vamos a ocupar de avisarles a los oferentes que ya hay dos recursos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por organizaciones intermedias por la falta de estudios de impacto ambiental”, dijo. “Eso lo estamos discutiendo en Coirco y, si no nos satisface, nosotros también vamos a presentarnos a la Corte. Van a cotizar una obra que está judicializada”, sostuvo.
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La Pampa se resiste a la represa porque, entre otros puntos, considera que afectará la calidad y cantidad de agua del río Colorado. Además, sospecha que la intención real de Mendoza es realizar desde esa represa un trasvase de agua desde el río Grande al Atuel.
Verna también confirmó que el Gobierno provincial analiza realizar una demanda penal por el delito de fraude a las universidades de La Plata y El Litoral que están a cargo de realizar el estudio de impacto ambiental que tendrá la represa. Es que en Casa de Gobierno consideran que ese estudio está «direccionado» para favorecer los intereses mendocinos.
Ese estudio fue encargado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), para establecer los efectos que tendrá sobre toda la cuenca esta represa que se pretende construir en Mendoza.
