El Gobierno nacional y un grupo de mandatarios provinciales acordaron hoy no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le entregó más fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La postura de la Casa Rosada fue influenciada directamente por los gobernadores del PJ, que durante horas estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández, algunos en forma presencial y otros de manera virtual. En especial, primó el reclamo del mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, que exigió desconocer la sentencia del máximo tribunal.
El encuentro fue convocado de urgencia y contó con la presencia de catorce mandatarios provinciales.
Según publicó La Nación, los gobernadores del PJ le reclamaron a Fernández que el Gobierno asuma una postura firme frente al fallo de la Corte que repuso parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. En una reunión de alto voltaje político que tuvo lugar este mediodía en la Casa Rosada, hubo mandatarios provinciales que dispensaron palabras fuertes contra los cortesanos y pidieron hacer “algo” para evitar que se vean afectados los fondos coparticipables que hoy reciben las provincias para, entre otras cosas, invertir en obras públicas.
El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares, consignó Infobae. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
El primero en llegar a Casa Rosada fue Axel Kicillof, quien estuvo reunido con el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro. Minutos después ingresaron Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Estuvieron presentes en el intercambio encabezado por el mandatario también Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
De forma virtual, hicieron su aporte Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Según supo NA, la reunión fue convocada por el área de la Presidencia para dar una respuesta conjunta al fallo del máximo tribunal de Justicia.
El presidente estuvo acompañado por el ministro Eduardo de Pedro; los secretarios Julio Vitobello (General de la Presidencia) y Vilma Ibarra (Legal y Técnica) y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
La Corte Suprema de Justicia dispuso este miércoles que el Gobierno nacional le pague al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de CABA durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.
El fallo fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Mediante el mismo, se dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional que se le entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables de forma automática a través del Banco Nación, y dispone la suspensión de la Ley 27.606 que habría reducido la participación de esa jurisdicción.
En la resolución, los magistrados destacaron que el ordenamiento jurídico demanda un “carácter convencional” para reglar la coparticipación, así como la condición a la previa aprobación tanto por el Congreso como por cada una de las jurisdicciones involucradas.
En el caso, argumentaron que “ni el decreto ni la Ley 27.606 han sido aprobadas por la Ciudad de Buenos Aires, ni previa ni ulteriormente”. Y que “el Estado nacional no puede reducir unilateralmente el nivel de los recursos comprometidos”.
Por otro lado, subrayaron que “la participación de la Ciudad de Buenos Aires no afecta a la coparticipación de las provincias”, considerando que la cuota correspondiente a CABA se detrae únicamente de los fondos que le corresponden a la Nación en la distribución primaria.
En esta causa se discutieron los privilegios que Macri le otorgó a la Ciudad apenas asumió la presidencia. Fue en 2016 cuando, en favor de Horacio Rodríguez Larreta, el entonces mandatario aumentó por decreto la coparticipación de CABA del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento. Ante las protestas de gobernadores, argumentó que era por la transferencia de la Policía Federal a CABA. Tiempo después, la bajó a 3,5 por el ajuste fiscal.
Entre otras cifras, se estima que la Ciudad fue beneficiada durante estos años con un excedente total de 86 millones de pesos por sobre el costo real de la Policía transferida. Además, señalan que, durante el gobierno de Macri, la Ciudad prácticamente no tuvo que invertir dinero en seguridad, ya que se lo financió Nación, además de obras públicas y otras transferencias.
En septiembre de 2020, durante la pandemia, el presidente Alberto Fernández decretó que el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA se retrotrajera nuevamente al 1,4 por ciento. Hacia el final de ese año, el Congreso aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir.
La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril. Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días, plazo que venció en mayo.
Desde entonces, la Corte hizo varias reuniones entre Nación y CABA, pero sin resultados. En medio de rumores y evidencia de férreas amistades entre el macrismo y el poder judicial, se suponía que el fallo sería favorable a Rodríguez Larreta.
