La dirigencia del Club Atlético Santa Rosa encabezada por su presidente Bruno Ramírez contrató al estudio jurídico Rosini, de Buenos Aires, para reclamar la restitución del patrimonio de la institución que perdió hace dos décadas por una estafa de tres exdirigentes. La abogada Mariana Barbitta le apuntó directamente al órgano fiduciario por sus “manejos espurios” en la contratación de abogados que son familiares directos de uno de sus integrantes. Dijo que esos profesionales solo se ocuparon de “generar honorarios en perjuicio del club” en vez de accionar para la devolución de 33 hectáreas.
La estafa que arruinó a Atlético Santa Rosa fue hace dos décadas. Por ese caso fueron condenados tres exdirigentes, Miguel Ángel Gómez (expresidente); Jorge “Toro” Sánchez (exprosecretario) y Miguel Talmón (exprotesorero). Esa comisión directiva que integraban vendió parte del predio en que está emplazado el estadio Mateo Calderón en 2.370.000 pesos/dólares, y la sede céntrica fue cedida al empresario Carlos Martín, dueño de una agencia de venta de automotores, en 530 mil dólares.
El club le prestó dinero a un exjugador que puso la financiera Cash Loan y a particulares. Ese dinero nunca volvió a las arcas del Albo. También se compraron tierras a la vera de la ruta 5.
El resto del dinero fue colocado primero en una cuenta en el Banco Río y luego en el Banco de La Pampa. Se hicieron plazos fijos, pero esa plata nunca apareció.
La Justicia intervino, a través de un juicio abreviado, y los dirigentes infieles fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por la quiebra del club.
La Justicia dispuso la conformación de un fideicomiso para gestionar la restitución patrimonial que hoy, a 20 años de aquella estafa, aún no volvió a manos de Atlético Santa Rosa.
“Lo primero que llama la atención es que los abogados que contrató el órgano fiduciario son del mismo grupo familiar, es decir están unidos en el mismo equipo. Esto ya es sospechoso”, denunció Barbitta.
El órgano fiduciario está integrado por José Luis Moslares, Leopoldo Bonaveri y Hugo Zorzi. Según la abogada, contrató a un estudio de abogados de la misma familia Moslares para gestionar la restitución patrimonial al club Santa Rosa, algo que al día de hoy todavía no sucedió. Esos abogados son Federico Moslares -familiar directo de José Luis Moslares- y Laura Cagliolo, actual jueza civil.
“El patrimonio, las 33 hectáreas que están a la vera de la ruta 5, debe estar en el club para pensar en un objetivo social, para la gente, para los pibes y las pibas que vienen al club. Hay que reclamar esto. Pero la realidad es que sólo se ejecutaron los honorarios de los abogados. Y el problema es que esta ejecución de honorarios es sospechosa porque quienes los reclaman, Federico Moslares y Laura Cagliolo, están vinculados al fideicomiso. Y José Luis Moslares, a su vez, está fuertemente vinculado a otro club, All Boys, que está en la vereda de enfrente, con lo cual uno podría decir que es un lobo al cuidado de ovejas”, dijo Barbitta.
Según la abogada, los integrantes del fideicomiso podrían ser demandados en la Justicia por “administración fraudulenta”.
“El primer paso que vamos a dar es enviarle una carta documento al fideicomiso para que explique por qué no se escrituraron las tierras del club. La idea es transparentar y darle al club lo que merece”, dijo Barbitta.
“Ante la sospecha, no se puede avanzar en el pago de honorarios por 450.000 dólares a los abogados. Lo que exigimos es que las tierras pasen al club”, planteó la abogada.
Ramírez, en tanto, dijo que es una “falta de ética” de los abogados decir que van a defender los intereses del club, pero sin renunciar a sus honorarios. “Es un contrasentido: por un lado dicen defender a una institución que hace un trabajo deportivo y social, pero por oro lado le voy a cobrar 450.000 dólares”, contrastó.
