Hace exactamente tres años, el 20 de marzo de 2020, el país quedó paralizado: el Gobierno nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO, que, en principio se extendería hasta el final del mes, pero luego se fue prorrogando) para intentar contener la pandemia de coronavirus.
El gobernador Sergio Ziliotto -como el resto de los mandatarios del país- acompañó la decisión presidencial. La Pampa quedó prácticamente paralizada.
La cuarentena fue como un mazazo. Sólo estuvieron exceptuados los trabajadores esenciales.
Se establecieron diferentes “fases” de restricciones. Se cerraron comercios, oficinas públicas y se prohibieron las reuniones sociales y familiares. Se impusieron protocolos de “distanciamiento social” y horarios restringidos. Hubo cierres de “fronteras” y hasta los camioneros, a veces, no podían circular por las rutas pampeanas. Se impusieron sistemas de “trazabilidad” para conocer el movimiento de los contactos estrechos para su inmediato aislamiento, ante un eventual nuevo caso de Covid. Quedamos encerrados.
El primer caso confirmado de la pandemia de Covid-19 en La Pampa se dio a conocer el 24 de marzo de 2020. Se trataba de un hombre de unos 65 años de edad, de Santa Rosa, que había viajado a Europa y Asia.
En la provincia se multiplicaron las conferencias de prensa del gobernador Sergio Ziliotto y del ministro de Salud, Rubén Kohan, con el objetivo de explicar las medidas que se iban tomando semana tras semana para contener la pandemia. Aun se recuerda que Kohan, en un intento de “bajar” la información a la población, dijo en una rueda de prensa que ni se salvaban de las prohibiciones las “pijamadas” que organizaba su nieta.
La justificación oficial a esas medidas extremas era “ganar tiempo” mientras se equipaba y preparaba al sistema de Salud frente a la ola de contagios.
El Gobierno provincial decidió contratar a más personal, habilitar lugares de testeos y sumar más camas de internación. También puso en marcha el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR), la primera trinchera contra el coronavirus en La Pampa, y firmó contratos con hoteles para alojar a los casos positivos y sus contactos.
Por varias semanas, no se registraron casos “autóctonos”. Pero el ministro de Salud advirtió que los contagios iban a llegar. Tenía razón. Poco a poco, los partes diarios del área de Prensa de Salud fueron habituales: los contagios se multiplicaron y las camas de terapia intensiva se empezaron a llenar.
Uno de las franjas de la población que más se vio afectada por esta etapa fue el de los trabajadores de la Salud: como personal esencial tuvieron que atender a pacientes que habían adquirido el Covid-19, del que tan poco se sabía entonces, sin que hubiese todavía una vacuna que los proteja, expuestos a contagiarse y a contagiar a su familia. Los casos positivos se empezaron a propagar entre los trabajadores de Salud.
Esos profesionales que le pusieron el cuerpo a la pandemia fueron admirados y aplaudidos. Miles de personas, por las noches, salieron a las veredas de sus casas para agradecer su trabajo y su lucha diaria.
Las restricciones de la cuarentena impactaron de lleno en diversos ámbitos laborales. Se empezó a trabajar en forma remota.
Las escuelas cerraron. Los chicos y las chicas, como pudieron, empezaron a vincularse con sus docentes en forma virtual.
El primer brote, que generó alarma, ocurrió en Catriló en el invierno de 2020. El Gobierno aisló a los positivos, puso en estricta cuarentena a “contactos estrechos” -en casas y hasta hoteles pagados por el Estado- y prohibió la mayoría de las actividades donde estaba circulando fuertemente el nuevo virus. Además, se hicieron decenas de testeos PCR, se recorrieron barrios para buscar a personas con síntomas y se incrementaron los operadores telefónicos para hacer un seguimiento diario a los aislados. Sus 6 mil habitantes fueron obligados a una estricta cuarentena. La situación, posteriormente, se repitió en varios pueblos.
El primer fallecido por covid se registró el 25 de agosto de 2020. Fue un paciente de 96 años. Se contagió en Catriló, luego de la celebración por el Día del Amigo.
La desesperación por contener al virus llevó a tomar medidas alocadas: en los pueblos, hubo numerosos intendentes que colocaron terraplenes en sus accesos. Casi nadie podía entrar ni salir, sin autorización. Las barricadas incluso provocaron graves siniestros viales.
Las vacunas trajeron algo de alivio. En el verano 2020/2021 se empezó con la vacunación, principalmente a trabajadores de Salud y personas más comprometidas, con la Sputnik. Luego llegarían la Oxford y otras.
Proliferaron las detenciones por circular sin autorización. Pero también se conocieron los casos de los fiscales que perseguían a quienes rompían la cuarentena y, mientras tanto, organizaban en sus casas reuniones que no estaban permitidas.
De a poco, las medidas fueron cosechando un creciente rechazo de un sector de la población. La bronca fue aprovechada por dirigentes opositores, que organizaron y participaron de manifestaciones “anticuarentenas” en Santa Rosa, Pico y Realicó, entre otras localidades.
Las restricciones, ya con el avance de la vacunación y con el creciente descontento de un sector de la población, se fueron morigerando, hasta extinguirse. Hoy la pandemia -que ha dejado en la provincia, según cifras oficiales, 975 fallecidos- parece un mal recuerdo.
