El Gobierno nacional apunta a implementar un plan para que las empresas que dieron coimas paguen de alguna manera un resarcimiento por sus acciones de corrupción y así permitirles seguir participando de las licitaciones de obra pública en el país.
Además, Macri exigiría que los accionistas que están directamente involucrados en los pagos den un paso al costado, cuestión que está en análisis para buscar la forma en que se pueda concretar.
Según un informe del diario La Nación, el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, dijo en un almuerzo con el Rotary Club que las empresas implicadas en los denominados cuadernos de las coimas no perderán sus contratos y, a cambio, se buscará que haya un resarcimiento por los daños el erario público y, además, que suscriban códigos de buenas conducta y «programas de integridad».
Sin embargo, no serían las únicas condiciones, porque un punto fundamental sería que los accionistas involucrados y procesados den un paso al costado. Para lograr eso se están analizando opciones y entre ellas estaría la opción de hacerlo desde lo contractual, exigiendo que las empresas que quieran ser parte del proceso de las PPP no puedan tener en su cúpula a condenados o arrepentidos por la corrupción.
En ese sentido, en el Gobierno apuntan a no mezclar las personas jurídicas con las físicas porque tienen miles de trabajadores que tienen el conocimiento para realizar la obra pública y no todo son sus directores o sus accionistas.
En el caso de los resarcimientos, se están buscando las herramientas jurídicas y la opción que se está pensado es lograr «acuerdos transaccionales» similar al que hizo con OSDE en Agosto. Se descartaría la opción de los juicios por daños y perjuicios.
Este jueves se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la Oficina Anticorrupción con los lineamientos para cumplir con programas de integridad previstos en la ley de responsabilidad penal empresaria.
Lo que establece, por ejemplo, es que existan códigos de éticas y canales de denuncia internos. Aunque los programas de integridad no serán obligatorios, en el Ejecutivo no descartan ponerlos como condición para los proveedores del Estado.
