El abogado constitucionalista pampeano, Andrés Gil Domínguez, dijo que Mendoza es un «incumplidor serial» que no acata lo que dictó la Corte Suprema respecto al río Atuel y propuso «mayor severidad» judicial. Planteó la posibilidad de solicitar embargos de cuentas, fondos y hasta pedir la intervención federal de la vecina provincia.
Gil Domínguez habló del tema luego de que por falta de voluntad política de Nación y de Mendoza fracasaran las negociaciones en la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) para acordar un plan de obras en la cuenca, que permita asegurar a La Pampa un caudal mínimo fluvioecológico.
“Lamentablemente Mendoza y el Gobierno nacional se siguen devorando el derecho de los pampeanos por el Atuel, a pesar de que hay una sentencia. La estrategia debe ser articular en el campo de lo jurídico cuestiones más severas. Hacerle ver a la Corte Suprema que su sentencia se ha transformado en una mera hoja de papel y tener desde lo político alguna estrategia de mayor dureza”, dijo.
“De lo contrario, esto va ser eterno: Mendoza, siempre con la complicidad del Estado nacional va a mantener su postura río arriba y va a hacer lo que quiere”, afirmó Gil Domínguez en declaraciones a Noticiero 3.
¿Qué tipo de medida judicial se podría plantear? “Se pueden plantear embargos a las cuentas de Mendoza o alguna otra medida más dura, porque la sentencia de la Corte se está transformando en algo que no tiene ningún tipo de fuerza y Mendoza es un incumplidor serial”, dijo.
“Ya agotamos los recursos administrativos en la jurisdicción interna, pero no podemos ir a buscar las respuestas en estrados internacionales que debe dar la Justicia argentina. Esto es causal de intervención federal de la provincia porque no está cumpliendo con una sentencia de la Corte. Y hay varias formas de incumplirla: expresamente o indirectamente, encubriendo al que no quiere cumplir”, sostuvo.
