San Luis anunció que recurrirá a la Justicia para frenar la compensación a las distribuidoras de gas que dispuso la administración nacional. “Esta es una norma absolutamente ilegal e inconstitucional”, aseguró el fiscal de Estado, Eduardo Allende.
Los fundamentos del amparo que presentará el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá se sustentan en que el Código Civil dispone que ninguna norma puede tener efecto retroactivo y las facturas ya han sido pagadas por los usuarios, por lo tanto no se puede aplicar ahora un aumento para atrás.
“El Estado pretende dolarizar las tarifas, apoyándose en una normativa de la década del 90 del gobierno de Carlos Menem, cuando teníamos economía dolarizada y que preveía el ajuste de las tarifas al precio del dólar. Pero hoy nuestra economía dista muchísimo de esa realidad», dijo el fiscal de Estado.