Agustina Ramón Michel, abogada e integrante del Proyecto Mirar que monitorea la implementación de la interrupción legal del embarazo, dijo en Radio Textual (LU 33) que “en gran medida se está cumpliendo con la ley” sancionada en 2020. Destacó que “hoy todas las provincias tienen lugares donde las mujeres pueden recurrir a hacer la consulta y eventualmente hacer la práctica” y sostuvo que La Pampa “es de las que menos ha crecido en cantidad de interrupciones realizadas”.
El Proyecto Mirar se ocupa de monitorear en qué medida se cumple la ley 27.610, cuáles son los problemas y cuáles los avances. El objetivo es garantizar que lo que prevé la norma no quede en el texto, sino que se cumpla.
“En gran medida se está cumpliendo con la ley”, dijo una de sus integrantes, Agustina Ramón Michel. “Lo vemos en la cantidad de centros de salud y hospitales públicos que ofrecen el servicio de consejería e interrupción de embarazos. En 2020 había 900 servicios en todo el país, hoy hay 1793. Estamos hablando de un crecimiento exponencial. Y respecto al año pasado creció 35% la cantidad de efectores”, reveló.
“Hoy todas las provincias tienen lugares donde las mujeres pueden recurrir a hacer la consulta y eventualmente la práctica”, remarcó. “No tenemos datos de cuántos objetores de conciencia hay. Sabemos qué cantidad de prorfesionales hay disponibles. La ley establece que el profesional que sea objetor debe comunicarlo al jefe de servicio y si le llega una paciente debe darle información correcta y derivarla. Esto reduce la posibilidad de que esa objeción sea una barrera infranqueable para la paciente. Además, se exige que todos los hospitales públicos tengan profesionales que garanticen las prácticas de aborto, es decir, no está permitida la objeción de conciencia institucional”, dijo.
Comentó que aumentaron de forma significativa las interrupciones legales del embarazo en la Ciudad de Buenos Aires y también la cantidad de hospitales en Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes, Chaco y Salta.
“Una de las noticias más relevantes es que en todas las provincias hay más de un hospital que garantiza la práctica. El Estado nacional compra misoprostol y lo manda a las provincias, que deben rendir cuentas. Tener este insumo de salud es un igualador”, enfatizó.
Respecto a La Pampa, Ramón Miguel reveló que en 2021 se realizaron cerca de 500 intervenciones, mientras que en 2022 bajaron a 419. “Es de las provincias que menos ha crecido en cantidad de interrupciones realizadas. Esto puede obedecer a que ya había crecido mucho en 2020 o que se va quedando atrás”, dijo.
¿Qué falta? “Algo importante sería tener un sistema de información centralizada y que sea más pública. Otra cosa necesaria es saber un poco más qué pasa con los hospitales públicos que no están garantizando la práctica. Y en tercer lugar hay que echarle más ojos sobre las obras sociales y prepagas. Ellas también están obligadas a garantizar las intervenciones. Sabemos que 247 obras sociales hicieron cerca de 5 mil prestaciones, pero el número sigue siendo bajo, por lo que hay que aumentar la información y la rendición de cuentas por parte de este sector de la salud”, cerró.