Luego de que la Sala A del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa confirmara el rechazo de una demanda civil por daños y perjuicios que iniciaron el padre y la madre de la niña asesinada Sofía Viale contra el Estado provincial y tres exjueces y exfiscales, el abogado de la familia Omar Gebruers confirmó que en los próximos días llevará el planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posteriormente hacer la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Vamos a concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tema y entonces tenemos que agotar la vía judicial interna en Argentina, por eso vamos a presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema”, dijo Gebruers en declaraciones a Radio Kermés.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos.
El reclamo de indemnización a la familia ya tuvo tres rechazos en la provincia. En primera instancia, el juez Carlos Soto desestimó la demanda. Posteriormente, confirmó el rechazo la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa. Y ahora también la demanda fue desestimada por el STJ.
Los demandantes fueron la mamá y el papá de la niña de 12 años, cuyo cuerpo apareció enterrado en el patio trasero de la casa de Juan José Janssen el 5 de noviembre de 2012, dos meses después que desapareciera. Por el femicidio, Janssen cumple una condena a prisión perpetua.
Los apuntados por el abogado Omar Gebruers, patrocinador de Marcelo Viale y Mimi Ampudia, son el Estado pampeano, el exjuez Héctor Roberto Aberásturi y los exfiscales Alfredo Alonso y Carlos María Salinas (ya fallecido).
Gebruers viene planteando en la demanda civil que existió “falta de servicio de justicia por parte del Estado provincial” y una “actuación irregular e ilegítima durante la investigación judicial y policial” por la desaparición, violación y homicidio de la niña.
Cuestionó manifestaciones públicas de algunos de ellos por considerarlas “estigmatizantes y discriminatorios”, ya que al vincularlos con la investigación los colocaron “en una difícil y compleja exposición ante la sociedad de General Pico”. Además, criticó decisiones judiciales previas por entender que “generaran las condiciones necesarias” para que Janssen estuviera libre y “sin control alguno del Estado”, sin lo cual, no hubiera podido atacar a Sofía.
Apuntó contra Aberásturi por cómo condujo la pesquisa; a Salinas le objetó –entre otras cosas– que afirmara públicamente que “los Viale no son la familia Ingalls”; y a Alonso lo criticó porque en 2010 firmó una sentencia contra Janssen a un año de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de un juicio abreviado, lo que le permitió al momento del femicidio estar en libertad asistida.
El 31 de agosto de 2012, toda la comunidad de La Pampa quedó conmovida por la desaparición de Sofía Viale, de 12 años de edad, en la ciudad de General Pico. Fue violada y asesinada. Su femicidio conmocionó al país.
La niña había sido vista con vida por última vez el viernes 31 de agosto de 2012, luego de salir a vender panificados caseros que realizaba su madre en su casa, ubicada en el barrio Indios Ranqueles, de General Pico.
El cuerpo de la niña fue hallado el 5 de noviembre de 2012. Estaba enterrado en el patio trasero de la casa de Juan José Janssen, a cien metros de su hogar.
El hallazgo del cuerpo se produjo de casualidad. Fue a raíz de la violación de otra adolescente de 14 años, quien también fue atacada por Janssen.
El padre de la nueva víctima llegó a la casa donde su hija fue violada y produjo varios destrozos. Así dejó, sin saberlo, el camino allanado a la Policía y a la Justicia para esclarecer el escenario de la muerte de Sofía.
El confeso violador y asesino, Juan José Janssen, en ese entonces de 32 años, tenía sobre sus espaldas cinco casos de abusos, uso de armas y lesiones en contra de otras mujeres. En 2013 fue condenado a prisión perpetua.
