La Cámara de Diputados aprobó hoy una resolución por la que se solicita el retiro de placas y otros objetos presentes en edificios públicos, que recuerden altas autoridades del último gobierno de facto en La Pampa. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de 27 votos favorables a 1.
El voto en contra fue del diputado Héctor Fazzini, del Mofepa, uno de los partidos políticos que le brindó cuadros políticos a las gestiones provinciales y municipales en el último tramo de la Dictadura.
La iniciativa fue autoría del diputado Eduardo Tindiglia (Frente para la Victoria). “Es perturbador -dijo- que hasta el día de hoy no se haya realizado un exhaustivo examen, resguardo, clasificación y comunicación de la misma, como así también que el hallazgo haya sido una supuesta casualidad y se haya dado a publicidad antes de haberlo remitido al juzgado federal con competencia en la causa que investiga el terrorismo de Estado en La Pampa. Más aún cuando se encuentra vigente la ley 2103 del año 2004, que declara la “publicidad e intangibilidad de todos los documentos existentes en la administración pública provincial y municipal descentralizada, vinculados con la represión ilegal y con el terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
Esto último provocó la reacción del diputado Héctor Fazzini. “Entre el ‘81 y el ‘83 asumieron la responsabilidad de gobernar La Pampa e intendencias de localidades representantes del MoFePa y no pesan sobre ellos ninguna denuncia, pretender igualar a los represores con ellos es injusto”, dijo.
Además destacó como obras de aquellos gobiernos al gasoducto troncal de La Pampa, a los barrios Atuel y Butaló de Santa Rosa y al telediscado automático. Tindiglia le retrucó. “Hoy en el juicio por la Subzona 14 se están juzgando hechos que ocurrieron en el año 82, cuando Telleriarte era gobernador; si fuera por las obras a Videla habría que reivindicarlo porque durante su gobierno se construyeron los estadios mundialistas”, dijo.
Caso Prina
Por mayoría (18 votos positivos, 10 negativos) se aprobó la resolución por la que se expresa el repudio por el ingreso de la Policía Federal Argentina a la sede de la Facultad de Agronomía de la UNLPam para detener al profesor Aníbal Prina.
El diputado Eduardo Tindiglia argumentó que el viernes 13 de octubre de 2017 se produjo el ingreso de la PFA al predio de agronomía de la UNLPam. «Según se pudo saber de fuente fehaciente, los agentes policiales no contaban al momento del ingreso con orden judicial de autoridad competente. Se entrevistaron con el Sr. Decano, Gustavo Fernández, le preguntaron por el profesor Aníbal Prina y le dijeron que necesitaban hablar con él. Fernández los condujo hasta la oficina donde estaba Prina, los dejó unos minutos a solas, y luego salieron los policías con el Sr. Prina en calidad de detenido», dijo.
“Los policías informaron de manera verbal que el procedimiento estaba a cargo del Juez Federal de Santa Rosa, pero en ningún momento exhibieron ni dejaron copia de orden judicial escrita y fundada. El proceder correcto hubiera sido una comunicación formal y oficial, de autoridad a autoridad, es decir, una orden judicial escrita, fundada y firmada remitida por el Juez Competente al Rector de la UNLPam, sin embargo tal proceder no se cumplió», expresó. “Lo grave, lo alarmante, es que este tipo de conductas están naturalizadas tanto al interior de la propia fuerza policial como, mucho peor, en el ámbito del poder judicial. No es posible entender, de otro modo, que el propio juez de la causa haya avalado tácitamente el procedimiento, más aún luego de que la UNLPam hubiera sacado un comunicado haciendo pública su posición».
“Por lo demás, con relación a la detención del profesor Prina, con una reconocida y dilatada trayectoria docente e investigadora en el ámbito académico nacional, se puede calificar sin dudas de arbitraria. Ello así en función de los parámetros mínimos elaborados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez más desconocidos por el Poder Judicial a la hora de llevar adelante una detención”, dijo.
Inmediatamente después el diputado Abel Sabarots (Frepam) propuso una moción para que la iniciativa volviese a comisión porque, dijo, Prina está procesado por la Cámara de Bahía Blanca. «Tampoco, aún, la UNLPam no ha dirimido si el ingreso a su predio fue irregular, sin orden judicial, en ese caso lo vamos a repudiar”, expresó. «De prosperar el repudio estaríamos invadiendo desde el Poder Legislativo al Poder Judicial vulnerando el sistema republicano”. Esa moción fue rechazada por mayoría.
Tindiglia remarcó, luego, que “la fiscalía no encontró delito alguno porque no encontró elemento fáctico de intimidación pública” en el escrache, dijo que fue procesado “no por haber arrojado huevos contra el presidente, sino por haber publicado en facebook que lo había hecho”, sostuvo que “está a disposición del Poder Ejecutivo” y aseguró que “el Poder Ejecutivo ejerce presión en tribunales contra la oposición política”.
La diputada Adriana Leher (Cambiemos) salió al cruce. «El bloque Cambiemos rechaza el proyecto porque se deben agotar las instancias administrativas y judiciales”, dijo.
En tanto, Espartaco Marín (PJ) dijo que si bien rechazan el acto intimidatorio de arrojar huevos al presidente consideró “desproporcionada la actitud del gobierno», sobre todo «la llamada de la ministra de seguridad al (entonces) juez federal Cubas para que detenga a un ciudadano pampeano” y “exagerado el montaje mediático que convirtieron la detención de Prina en un reality show”.
Por su parte el diputado Darío Hernández (Frente Renovador) manifestó su preocupación. «Esta escalada de violencia contra los sectores populares me hace recordar al inicio de la dictadura militar”, dijo. Eso provocó que el diputado Ricardo Consiglio (Frepam) le contestara. “No se puede comparar un momento con otro de la historia, hoy hay división de poderes”, dijo.
Repudio a prisión domiciliaria
También se aprobó la resolución por la que se expresa repudio ante el fallo del Juez Federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, que concedió prisión domiciliaria a Osvaldo Pallero, integrante de la Triple A, imputado por el crimen del estudiante guatrachense Carlos Alberto Davit.
“El juez federal Walter López Da Silva dispuso que Pallero (74 años), quien se hallaba bajo prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria 4 de Santa Rosa, cumpla arresto domiciliario en la vivienda de un familiar en Bahía Blanca», dijo Tindiglia.
Pallero fue contratado el 17 de marzo de 1975 por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay. Integró la primera tanda del “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS. Una de las víctimas fue el estudiante de económicas, el pampeano Carlos Davit.
“Me levantó la fiambrera, me apretaron, me dijeron que me cuidara porque me van a matar. Si me pasa algo, buscá entre la gente que Remus Tetu contrató para su seguridad”. Carlos Alberto “El Pelado” Davit sabía que iban a matarlo. Se lo había anticipado a su compañero de estudios Miguel Salvador Puig.
“Remus Tetu era el interventor de la Universidad Nacional de Sur y uno de los jóvenes que integraba su “seguridad” era Osvaldo Omar Pallero, por entonces un joven estudiante que además integraba la Triple A en Bahía Blanca. La fiambrera a la que se refirió el joven estudiante de Ciencias Económicas, oriundo de Guatraché, era un Fiat 125 azul con la suspensión baja que tenía estropeados los paragolpes.
“El 18 de noviembre de 1975, Davit fue secuestrado por grupos parapoliciales cuando ingresaba a la pensión de Yrigoyen 228 en Bahía Blanca. Horas después, su cuerpo acribillado apareció colgado del puente “La Niña”, ubicado en el kilómetro 8 de la ruta nacional 3, camino a Punta Alta. Tenía 44 impactos de bala de cuatro armas distintas.
También Hernández recordó al “Pelado” David. “Fue mi compañero de militancia en aquella JP”, dijo.
Más repudios
Con la mayoría que le otorgaron 18 votos a favor, contra 10 en contra, se aprobó la resolución por la que se repudia la represión de la Gendarmería y la Policía de la CBA contra manifestantes de organizaciones cooperativas frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el día 28 de junio de 2017.
«Una vez más se repite la vieja historia nacional y latinoamericana. La brutalidad estatal en manos de la oligarquía del siglo XXI, la oligarquía financiera, enmascarada bajo un sello partidario, esquilma a los y las trabajadoras de nuestro país por una doble vía. Por un lado les expropia el trabajo y los reduce a la ilegalidad y a la indigencia, por otro los apalea”, dijo Tindiglia.
El diputado Carlos Bruno manifestó su coincidencia con el articulado de la iniciativa. «Pero -aclaró- con estos fundamentos no acompañaremos”. También lo rechazó Leher. “No aprobaremos proyectos con juicios infundados que sólo dividen a la sociedad”, expresó.
En tanto, decisiete votos a favor y nueve en contra obtuvo la resolución que expresa profundo repudio ante la violenta represión a las y los trabajadores de PepsiCo.
El debate final lo protagonizaron Díaz y Tindiglia. «Este gobierno -dijo la legisladora de Cambiemos- vino a reparar tres décadas de despojo durante la democracia en las que no se tuvo en cuenta a los trabajadores, que según el diario La Nación el último año bajó un 7, 3% la desocupación”, sostuvo. «Tenemos que dejara de venir a jugar a la Cámara porque de sesiones como ésta yo estoy avergonzada”. Tindiglia le respondió inmediatamente. «Este gobierno destruyó la ley de medios y por eso los grandes medios hoy nos pueden mentir a todos”.
