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Caso García: entregaron 2.300 firmas y el STJ pidió informe

22 de octubre de 2018
Caso García: entregaron 2.300 firmas y el STJ pidió informe

Vecinos y amigos de Sergio García, el mecánico santarroseño que quedó parapléjico hace ocho años luego de caer a una zanja mal señalizada, presentaron este lunes en la Cámara de Apelaciones 2.300 firmas para exigir que se cumpla con la sentencia y la Provincia, la Municipalidad de Santa Rosa y la empresa Ilka Construcciones paguen la indemnización por daños y perjuicios.

La presentación la hizo el exdelegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mario Canoba, acompañado por la concejala Alba Fernández y el dirigente del Humanismo, Juan Esponda.





Todo Balde




García hace ocho días que está en huelga de hambre y su salud se deteriora día a día. Sin embargo, hoy dijo que va a seguir con la protesta hasta que se cumpla la sentencia judicial.

El mecánico debe cobrar, porque así lo determinó la Justicia, en concepto de indemnización 12.927.922 pesos. La Provincia y la Municipalidad de Santa Rosa anticiparon que no apelarán la resolución judicial, pero  mientras que Ilka Construcciones sí lo hizo. Ese artilugio hace demorar el desembolso.

La jueza del Juzgado en lo Civil y Comercial, María del Carmen García, dio por probado que el 1 de abril de 2011, entre las 21.30 y las 22, Sergio García se conducía en su moto Corven por la calle Arriaga y al llegar a Ferreira “se encontró con un montículo de tierra y un pozo abierto que agarró de lleno, impactando contra el mismo cuando trató de saltarlo, produciéndose el accidente de tránsito” que le ocasionó ‘lesiones gravísimas’. A raíz de ello el hombre sufrió una incapacidad física-neurológica permanente de un 90 por ciento y quedó parapléjico.





 

Informe al STJ

En equipo interdisciplinario de la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica visitó hoy a Sergio García, con el fin de redactar y elevar un informe técnico al Superior Tribunal de Justicia.

Según informó el máimo tribunal, con el consentimiento del propio García, la responsable de la OMyVD , Marién Cazenave, junto a una psicóloga, una asistente social y una abogada, le informaron los motivos de sus presencias y mantuvieron un diálogo con él, quien quedó parapléjico a raíz de un accidente de tránsito que sufrió el 1 de abril de 2011. A raíz de ello inició una demanda civil por daños y perjuicios, en la que obtuvo un fallo favorable en primera y en segunda instancia.

La visita, a requerimiento de la propia presidencia del STJ, se agregó a la colaboración que la médica de reconocimiento del Poder Judicial le viene prestando a García desde hace varios meses.

 

A la Cámara

Con relación a la causa en sí, en las próximas horas pasará a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, para que analice la expresión de agravios planteada por la empresa Ilka Construcciones contra la planilla de liquidación final de capital e intereses en concepto de indemnización por 12.927.922 pesos.

Esa suma fue fijada por la jueza civil María del Carmen García, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 2, y solamente fue objetada por Ilka, ya que las otras partes demandadas ( la Provincia y la Municipalidad de Santa Rosa) anticiparon que no recurrirán esa resolución.

La jueza García, aplicando las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad –un texto con rango constitucional–, citó el miércoles pasado a las partes para solicitarles, sin que se conculcara ninguno de sus derechos, que colaboraran en el cumplimiento de la sentencia y en la agilización de los plazos procesales.

Como ellas accedieron, de común acuerdo se convino acotar los tiempos del proceso. Así, el viernes Ilka recurrió la liquidación final, el tribunal –sin dejar de cumplir con el Código Procesal Penal– notificó inmediatamente de ello al actor (Sergio García), a la Provincia y al municipio, y en las próximas horas elevará el agravio a la Cámara.

La magistrada fundó el llamado a esa reunión en los artículos 3 y 38 de las Reglas de Brasilia y en el acuerdo 3117, por el cual el Superior Tribunal de Justicia adhirió a ellas. Esos artículos especifican quiénes son las personas en condición de vulnerabilidad y prevén, entre otras cosas, que cuando las circunstancias de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución de esas causas por parte de los órganos del sistema de justicia

 

 






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