El Partido del Trabajo y del Pueblo (en rigor, PCR) salió a repudiar los allanamientos que ordenó la Justicia Federal en sedes de la Corriente Clasista y Combativa y en domicilios particulares de Walter Brandimarte (CCC), Roxana Rechimont (ATE y CTA) y Ayelén Morales (coordinadora de Movimientos Originarios).
“En el día de hoy se realizaron allanamientos al local de la CCC de La Pampa, al domicilio particular de la secretaria general de ATE y CTA, al domicilio de la dirigente del Movimiento de Pueblos y Naciones Originarias de la CCC y a otras organizaciones. Estos allanamientos, totalmente irregulares y desmedidos en su despliegue, fueron ejecutados bajo la carátula de “averiguación de delito” con la excusa de buscar irregularidades en la administración de programas sociales. Violando la presunción de inocencia, sin siquiera especificar de qué se acusa secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que nada tienen que ver con la causa que alegan y ni siquiera figuran en las órdenes de allanamiento”, sostuvieron en un documento.
“Entendemos que esto es una estrategia de persecución política que busca desarticular las organizaciones sociales y sindicales que han estado al frente de las luchas populares en todo este período. Es evidente que esta orden de allanamiento, emitida por el juez federal Juan José Baric en el marco de una causa iniciada en el gobierno de Macri, se reactiva a partir de los resultados electorales. Es el mismo juez implicado públicamente en escándalos de espionaje y persecución a dirigentes opositores incluso desde que ocupaba un cargo en el gobierno de María Eugenia Vidal”, expresó.
“La coalición Milei-Macri ya está preparando las herramientas represivas para imponer una brutal política de ajuste, entrega y destrucción del patrimonio nacional. Pretenden amedrentar a quienes han estado a la cabeza de los reclamos populares. No van a callar nuestras voces ni lograrán destruir una organización como la CCC que tiene décadas de compromiso en la lucha por una Argentina libre, justa y soberana. Desde el PTP-PCR nos solidarizamos con las organizaciones que han sido víctimas de estos ataques y hacemos un llamado a todas las fuerzas patrióticas y democráticas a cerrar filas para evitar que se profundicen estas políticas represivas”, finalizó.
Fuentes gremiales explicaron a Diario Textual que los procedimientos fueron por una investigación originada en el partido de La Matanza hace dos años por el manejo de planes sociales.
Según pudo saber este diario digital, buscaron listados de asistentes a las marchas por posibles extorsiones a beneficiarios de planes sociales.
La carátula de la causa es “Averiguación de delitos, documentación de planes sociales”. Su denunciante es Marcelo Campanella, integrante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
