El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, informó a Diario Textual que en los allanamientos realizados el jueves último a locales y viviendas de dirigentes del Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa en el marco de una causa por el manejo de planes sociales, se incautó documentación, computadoras y pendrives. Confirmó que hay siete imputados.
La causa, caratulada como “Averiguación de delitos, documentación de planes sociales”, se originó hace dos años en La Matanza, provincia de Buenos Aires, por altas y bajas de planes sociales. Fue por una denuncia de Marcelo Campanella, integrante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Uno de los allanamientos fue en el local de UTEP de la calle Alan Kardec al 1700. Otro, en el local gremial ubicado en calle Maestros Puntanos, al norte de Santa Rosa. También hubo operativos en dos viviendas de dirigentes sociales: en la casa de Walter Brandimarte (CCC) y Roxana Rechimont (ATE y CTA) y en la de Ayelén Morales (coordinadora de Movimientos Originarios).
“Esta es una causa vieja que se inicia en Capital y nos llega a nosotros por una incompetencia territorial, donde se denunció maniobras mediante las cuales se quedaban con parte de la plata de los planes sociales”, dijo Baric a este diario digital.
“Hay 7 imputados. Se secuestró documentación, computadoras y pendrives. Ahora vamos a tener que enviar todo eso a peritar, a extractar y evaluar si hay algo que se compadezca con la denuncia que se hizo. A partir de ahí eventualmente tomar indagatorias”, agregó el juez.
