La fiscala de Estado, Romina Schmidt, explicó a Diario Textual que la intervención de un juez de ejecución para hacer cumplir el fallo sobre el río Atuel “requiere una decisión previa de la Corte Suprema que diga cómo debe cumplirse” esa sentencia. Sostuvo que esa decisión es lo que está esperando La Pampa.
La consulta a Schmidt fue a raíz de las declaraciones de la secretaria administrativa del Senado de la Nación y diputada provincial electa, María Luz Alonso, durante la presentación de su libro “Pensar La Pampa. Claves para construir el futuro”.
Alonso sugirió que La Pampa debería pedir un “juez de ejecución” para que haga cumplir a Mendoza el fallo de la Corte por el corte del Atuel. Dijo que se debería actuar como se actuó en el caso del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde el máximo tribunal judicial intervino designando a un juez para que ejecute la sentencia y ordenando a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.
Schmidt aclaró que aún no leyó la publicación de Alonso como para dar una opinión, pero explicó cuál es el procedimiento para que intervenga un juez de ejecución de sentencia.
“Para eso se necesita la decisión previa de la Corte que diga cómo se tiene que cumplir el fallo que ellos emitieron. Es la sentencia que estamos esperando”, dijo. “El juez de ejecución ejecutaría esa decisión, pero quien debe tomarla en forma previa es la propia Corte”.
“El caso de Acumar es un caso que tiene varias diferencias con el caso del Atuel y que nunca pudo solucionarse más allá de la intervención del juzgado de ejecución”, aclaró.
“Aún no leí el libro (de Alonso), pero lo voy a hacer para poder entender bien el contexto en que explayó esa idea y, de ser viable, por supuesto que será analizada para futuras presentaciones”, dijo.
Incumplimiento del fallo
El 16 de julio pasado se cumplieron 3 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a Mendoza entregar 3,2 metros cúbicos por segundo para recomponer el ecosistema, algo que nunca cumplió.
En 2020 el máximo tribunal determinó que ese es el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del Atuel en territorio pampeano. Sin embargo, Mendoza continúa sin largar agua, la Corte no se ha pronunciado nuevamente y los pobladores del oeste siguen sufriendo la desertificación.
El antecedente de la cuenca Matanza-Riachuelo
Existe un antecedente sobre la intervención de un juez de ejecución para ejecutar una sentencia. En el año 2008, la Corte Suprema falló en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo”, y ordenó medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca. Encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, creada en 2006, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño. Además, designó un juez de ejecución como responsable de la ejecución de dicha sentencia.
La sentencia fijó contenidos y plazos concretos (que oscilaban entre 30 y un año), y resolvió que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, controlara su cumplimiento, aplicando cuando correspondiese sanciones económicas.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambientes y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina forman parte, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación y otras dos ONG, de un cuerpo colegiado creado por disposición de la Corte Suprema. Desde el año 2008, con el fin de fomentar el control de la sociedad civil, el cuerpo realiza evaluaciones anuales en relación a las acciones que debían cumplirse en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
En el último informe, señalaron “escasos avances” por parte de la Aumar en áreas donde no se “garantiza el cumplimiento del fallo del 8 de julio de 2008”. Destacaron que la sentencia rompió no obstante, con la inercia del sector, “donde nunca se habían puesto en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar esta situación” de contaminación en la cuenca.
