El fiscal general Horacio Azzolin solicitó la indagatoria del juez de cámara Pablo Díaz Lacava, titular del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, por una serie de graves delitos: violencia de género, maltrato laboral, amenazas y abuso de autoridad.
“A partir de las pericias psicológicas practicadas a todas las víctimas por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Nación y del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos e investigadores de la Defensoría General de la Nación; las entrevistas practicadas a algunas de las víctimas por las profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DOVIC); las constancias documentales agregadas a las presentes actuaciones -entre las cuales destacamos las historias clínicas y/o informes médicos aportados-; y las declaraciones testimoniales de las víctimas, de magistrados, funcionarios/as y empleados/as del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, es posible afirmar que si bien todas las víctimas son damnificadas por distintos hechos a raíz de conductas de violencia física, psicológica, simbólica y de género hacia ellas por parte del imputado, este Ministerio Público Fiscal reitera lo expresado (…), puntualizando que a partir de un análisis minucioso de todo lo acontecido, hemos dado acabada cuenta y relacionado la existencia de indicios precisos, graves y concordantes que permiten afirmar con el grado de certeza requerido para la etapa procesal que se transita que, en las condiciones de tiempo, modo y lugar señaladas para cada uno de los casos, el juez de cámara Dr. Pablo Ramiro Díaz Lacava provocó mediante su exclusivo, deliberado y continuado accionar, lesiones a la salud psicológica, física y/o integral -nuevamente, según cada caso- de las víctimas N.B.M, J.I.R.B., A.L.T y E.E.S; habiéndole ocasionado mediante esas lesiones psíquicas y físicas a N.B.M. la necesidad médica de acceder a una licencia de carácter psiquiátrico de largo tratamiento, que le impidió concurrir a su trabajo por un período que superó holgadamente un (1) mes”, sostuvo el fiscal.
La acusación contra el juez la impulsaron tres secretarios del TOF de Santa Rosa. En abril de este año hicieron una denuncia contra el juez, a quien acusaron de maltratos, violencia y hostigamiento laboral. Fue respaldada por otros trabajadores.
