Minutos antes de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara su protocolo anti-piquetes, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió, desde su cuenta en la red social X, que la “regulación del derecho a la protesta pacífica debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso”.
A través de su cuenta, Gil Domínguez enumeró una serie de estándares interamericanos en materia de protesta social que tienen jerarquía constitucional.
“Existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está castigada por el código penal. El derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga (entre otros)”, aseguró el abogado constitucionalista.
Gil Domínguez recordó que la participación en una protesta pacífica “está exenta de una previa autorización”, que los participantes pueden “elegir el contenido y los mensajes de la protesta”, como así también, “el tiempo y el lugar” donde se llevará a cabo.
“La protesta puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias. Las condiciones en las que se presentan estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas. La limitación del derecho a la protesta pacífica debe ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar en la prohibición de su ejercicio”, advirtió.
También recordó que el “Estado tiene el deber de no criminalizar a los líderes y participantes de las protestas pacíficas” y respecto de los cortes de calles o ruta, dijo: “El derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”.
Este jueves, la ministra de Seguridad nacional presentó su protocolo para sancionar y penalizar a las organizaciones sociales, sindicales, policías y personas que realicen cortes, bloqueos o piquetes.
El protocolo de Patricia Bullrich incluye la intervención de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal en los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales. Las fuerzas usarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente” la cual será graduada “en proporción a la resistencia”.
Serán identificados todas las personas que participen, organicen o instiguen a la protesta. También se van a identificar a los vehículos y a los conductores utilizados para trasladar manifestantes y se impulsarán sanciones que pueden llegar a la incautación de los mismos.
