Este martes 6 de febrero se cumplen exactamente 1300 días desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció qué caudal del río Atuel debe llegar al oeste pampeano para empezar a recomponer el ambiente. A 1300 días, no llega una gota de agua. Y a 1300 días, los jueces del máximo tribunal, pese a las solicitudes del Gobierno pampeano, no hacen cumplir su propio fallo al Gobierno de Mendoza.
El 16 de julio de 2020, la Corte fijó que Mendoza debe garantizar un caudal inicial mínimo permanente de 3,2m3/s en el ingreso del río Atuel a La Pampa.
Fue un fallo histórico. Un gran triunfo judicial y político para La Pampa. Similar al de 2017, cuando el máximo tribunal ratificó que el Atuel es interprovincial.
Mendoza, a partir de las negociaciones entre 2018 y 2019, había propuesto largar 1,3 m3/s para nuestra provincia y llegar a 2,6 m3/s en cinco años. En tanto, La Pampa reclamó inicialmente 3,4 m3/s, para pasar en forma progresiva a 4,5 m3/s en un año. Ahora la Corte fijó el valor en 3,2 m3/s.
El caudal fijado fue una meta interina: la Corte apeló al Principio Ambiental de Progresividad, que tiene en cuenta el alcance gradual de objetivos, para lo cual se deben establecer metas interinas y metas finales.
En este caso, al perseguirse una recomposición natural del ecosistema, no puede conocerse anticipadamente el tiempo necesario para alcanzarla. Por ello, ordenó que el caudal de 3,2 m3/s sea monitoreado por un programa que deberán fijar las partes con el fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en el mantenimiento de la biótica, salinidad y niveles freáticos.
De esa manera, la Corte Suprema expresamente estableció que el caudal fijado era solo una meta interina. Para la meta final deberá determinarse en forma definitiva el caudal hídrico apto para la recomposición del noroeste pampeano. También, la Corte instó a crear el organismo de cuenca.
Los pedidos del Gobierno
Desde el fallo de la Corte del 2020, el Gobierno de Sergio Ziliotto ha presentado medidas cautelares y ha rogado para que los magistrados recorran el cauce seco y escuchen, de boca de los habitantes del oeste, de los padecimientos que sufren desde hace años. Frente a la inacción de la Corte, el propio Ziliotto incluso ha advertido de la “complicidad” de la Corte por el ecocidio que comete Mendoza.
Incluso el mandatario pidió que se elabore y se lleve el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso total y exclusivo del agua del río Atuel que realiza la provincia de Mendoza.
Recientemente la diputada provincial María Luz Alonso sugirió que La Pampa debería pedir un “juez de ejecución” para que haga cumplir a Mendoza el fallo de la Corte por el corte del Atuel. Dijo que se debería actuar como se actuó en el caso del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde el máximo tribunal judicial intervino designando a un juez para que ejecute la sentencia y ordenando a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.
La fiscal de Estado, Romina Schmidt, explicó a Diario Textual que la intervención de un juez de ejecución para hacer cumplir el fallo sobre el río Atuel “requiere una decisión previa de la Corte Suprema que diga cómo debe cumplirse” esa sentencia. Sostuvo que esa decisión es lo que está esperando La Pampa.
Un corte que generó un gran desierto
Mendoza solo larga agua a La Pampa cuando hay excedentes. No ocurre seguido: entre 1947 y 1970 no llegó ni una gota de agua. Recientemente, en tanto, ingresó por unos días algo de agua, pero nuevamente el caudal se cortó.
En La Pampa, a raíz de ese corte, se desertificaron 1,5 millones de hectáreas y centenares de personas tuvieron que migrar a otros lugares.
La Corte Suprema de Justicia falló en 1987 que el río Atuel era interjuridiccional, es decir, perteneciente a ambas provincias. Además, dijo que Mendoza tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas.
La Pampa volvió a la Corte hace una década y pudo demostrar, a partir de la nueva jurisprudencia ambiental, que el tema del Atuel no es cosa juzgada. Fue una bofetada para la provincia vecina.
Casa de Gobierno sostuvo, en su demanda, que la provincia cuyana incumplía la obligación de negociar y celebrar de buena fe los convenios para regular los usos del río y solicitó que se declare la presencia de daño ambiental, como consecuencia de los incumplimientos señalados y se ordene su cese y la recomposición del ambiente. Sostuvo, además, que debía fijarse un caudal de agua mínimo a ingresar al territorio pampeano, teniendo en cuenta el derecho humano al agua, al crecimiento armónico y equilibrado entre las provincias.
Además, pidió que se le ordene a Mendoza la realización de las obras necesarias para optimizar la utilización del recurso agua en su sistema de riego y se la condene a indemnizar los perjuicios sufridos con motivo de los incumplimientos.
Así, en diciembre de 2017, la Corte ratificó que el río es interprovincial y ordenó sentarse a negociar. Sin embargo, ambas provincias no lograron acordar. ¿Qué propuso Mendoza? Hacer 23 perforaciones para destinar a su propio riego para, de esa manera, “liberar” 1,3 m3/seg para La Pampa. Sin embargo estuvo lejos de la pretensión de nuestra provincia que reclamaba al menos 3,4 m3/seg. Ya en 2019 la CSJN fijó en 3,2 m3/s el caudal mínimo.
