Un estudio indicó que los docentes universitarios necesitarían 69% de aumento para no perder con la inflación de noviembre pasado, pero el Gobierno de Javier Milei apenas ofrece 16% para marzo. Los docentes y no docentes de la UNLPam, y no solo de la casa de estudios pampeana, extrañarán que el rector Oscar Alpa no siga como secretario de Políticas Universitarias, cuando las negociaciones determinaban aumentos mensuales que aunque no eran suficientes, al menos sostenían el nivel salarial frente a la alta inflación.
El estudio sobre evolución salarial, inflación y paritaria del Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (LSDU) exhibe una caída salarial abrupta durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, producto de la combinación entre el congelamiento salarial y el fogonazo inflacionario.
“La devaluación del peso argentino y la liberalización de precios modificó regresivamente y de manera acelerada la relación de nuestro salario con todos los otros precios de la economía”, sostiene el informe. “Si las expectativas de inflación se mantienen en curso, la tendencia a la licuación del salario docente se sostendría, lo que requeriría un 69% de aumento salarial sobre el salario de enero (en lugar del 16 por ciento ofrecido por el Gobierno nacional) sólo para mantener el poder adquisitivo de noviembre de 2023”.
El estudio de la docencia universitaria también toma un periodo temporal más amplio, para facilitar la comparación del poder adquisitivo actual y potencial en relación con noviembre de 2015. “Esto permite observar -afirma- que el poder adquisitivo del salario actual es casi un 50% inferior al de noviembre de 2015”.
“En otras palabras, en noviembre de 2015 la capacidad de compra del sueldo docente era el doble que en la actualidad”, subraya el estudio de LSDU.
“A su vez, la caída del poder adquisitivo en los últimos dos meses es mayor que la tendencia a la caída de nuestro salario de los últimos ocho años. Es decir, supera en ritmo y alcance a un período que contiene fuertes caídas: la devaluación y liberalización de precios del primer semestre del gobierno de Mauricio Macri en 2016; la devaluación que se registró cuando el mismo gobierno volvió a solicitar financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante 2018; la constante erosión inflacionaria de los meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) durante la pandemia de COVID-19 de 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández”, puntualiza.
