El Banco de La Pampa (BLP) no trasladará a sus clientes el costo del llamado aporte solidario que instrumentará por seis meses el Gobierno provincial para aumentar los fondos para atender a familias vulnerables, confirmaron fuentes oficiales a Diario Textual. De esta manera, tambalea el principal argumento de los bloques opositores de la UCR, el PRO-MID y Comunidad Organizada: salieron a cuestionar este proyecto de ley porque sostienen que los bancos trasladarán el aumento de ingresos brutos a los clientes. Igualmente, pese a la posición del Gobierno y del BLP que se blanqueó ahora por Diario Textual, se descuenta que, cuando la iniciativa llegue al recinto, votarán en contra.
“El BLP no trasladará el costo y actuará como regular del sistema financiero. Es el banco con mayor peso en cuanto a cantidad de clientes en la provincia y eso le permite ser quien regule ese tipo de situaciones”, aseveraron las fuentes consultadas. La duda es qué harán los otros bancos, la mayoría privados.
El proyecto de ley fue presentado ante la Legislatura por el gobernador Sergio Zilioto. Aun no fue tratado, ni siquiera en comisión.
Se espera que, en el recinto, coseche 15 votos en contra por parte de los diputados opositores y 15 a favor de los legisladores peronistas. Desempatará a favor del proyecto la presidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral.
Pese al respaldo que tiene en el bloque oficialista, hay legisladores que pretenden meter algunas modificaciones. En el sector vernista hace ruido que deban aportar los empleados públicos de mayores ingresos. A su vez, el marinismo se pregunta por qué no está el Casino Club dentro de los que pueda aportar.
Con este aporte, el Gobierno provincial pretende lograr un ingreso extra de 10 mil millones de pesos para atender la demanda de familias en estado de vulnerabilidad, en medio de la inflación y el ajuste de Javier Milei.
¿Quiénes pagarán este aporte extraordinario? El sistema financiero, es decir, los bancos; los contribuyentes que posean cinco o más inmuebles urbanos o la valuación fiscal de sus inmuebles supere los 50 millones de pesos (están exceptuados los inmuebles rurales); quienes posean vehículos de alta gama, que tengan un valor a enero de 2024 superior a los 40 millones de pesos (los vehículos destinados a la producción no están incluidos en este aporte); y los altos salarios de funcionarios y empleados públicos.