En una investigación preliminar, el fiscal federal Guillermo Marijuán determinó, a partir de un entrecruzamiento de datos, que hay 25 personas que, en una incompatibilidad, son empleados públicos en La Pampa y también cobran el plan social Potenciar Trabajo. En todo el país, la cifra asciende a 9.413.
El dato había sido revelado en la semana. En ese marco, dirigentes opositores pidieron al Gobierno pampeano que esos 25 empleados sean echados.
Diario Textual, al consultar a fuentes al tanto de la situación, pudo confirmar, en primer lugar, que el Gobierno pampeano no ha tenido hasta el momento acceso a la base de datos para hacer el entrecruzamiento de información que, eventualmente, podría haber detectado la incompatibilidad.
En segundo lugar, a partir de que se divulgara en los medios de comunicación la investigación preliminar, ni Marijuán ni el Ministerio de Capital Humano de Nación han dado a conocer al Ejecutivo pampeano la identidad de esos 25 trabajadores.
En Casa de Gobierno están a la espera de esa información. Con esos datos, el Ejecutivo pretende hacer una presentación en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Esta fiscalía, a cargo de Juan Carlos Carola, luego podría ordenar sumarios o directamente hacer recomendaciones sobre los pasos a seguir (una de las posibilidades es que solicite incluso las cesantías).
La causa, informó Infobae en la semana, está caratulada como “defraudación contra la Administración Pública”. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional era de más de siete mil millones de pesos al mes. Anualizada la cifra ronda los 84.000 millones de pesos sin contar los bonos extras que recibían y aguinaldos.
El fiscal comenzó su investigación en noviembre pasado y acaba de finalizar. Como era de esperar la provincia de Buenos Aires es la que registra un mayor número de empleados públicos que, a su vez, recibían el beneficio del estado nacional.
El resultado fue el siguiente:
Buenos Aires 2.243; Tucumán registra 1.145; La Rioja, 1.060; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; La Pampa, 25; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49. Las últimas tres provincias fueron las más rezagadas en responder el requerimiento fiscal y fueron intimadas dos veces.
La normativa del Potenciar Trabajo era clara destacaba que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
