Laura Mercedes Monti, la procuradora fiscal en el área de Derecho Público no Penal, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que debe intervenir en la demanda que inició La Pampa contra el Gobierno nacional por la deuda previsional de 90 mil millones de pesos (calculada a marzo de 2024).
Si bien se descontaba que Monti iba a dictaminan de esta manera, se aguardaba su opinión para que la causa empiece a avanzar.
“A mi modo de ver, entiendo que el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte en razón de las personas”, escribió Monti, según el dictamen firmado este martes 14, al que accedió Diario Textual. “En efecto, toda vez que la Provincia de La Pampa -a quien le concierne la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional- demanda al Estado Nacional-Poder Ejecutivo y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) -con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental- esa es la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales, sustanciando la acción en esta instancia originaria (…), por lo que resulta indiferente la materia del pleito”.
La demanda se fundamentó en el incumplimiento del Pacto Federal de 1999, ratificado por ley 25.235, y de las leyes 27.260 y 27.701, luego de agotada la vía administrativa ante la falta de respuesta a los reclamos provinciales. También La Pampa planteó la inconstitucionalidad del reciente DNU 280/24 que pretende derogar la normativa que regula esos pagos.
El gobernador Sergio Ziliotto ya había advertido públicamente sobre el riesgo en que se ha puesto las cajas previsionales de la provincia al puntualizar que, en virtud del DNU del Gobierno nacional, el Estado provincial se vio obligado a solventar con fondos propios sumas que deben ser pagadas por la Nación.
Qué años se deben
La deuda registrada entre 2009 y 2014, por el que en su momento el Gobierno de Carlos Verna fue a la Corte y ganó, ya fue saldada por la administración de Alberto Fernández. Además, mediante gestiones administrativas, hasta el año pasado se recibió lo correspondiente a los años 2017 a 2020 y a los anticipos que marca la normativa, hasta 2023.
Actualmente se deben las sumas correspondientes a la diferencia en más de lo que resulta de las actualizaciones correspondientes al déficit previsional del período 2020 (deducido lo ya percibido como capital histórico) conforme el Índice Sipa (Índice de Movilidad Jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino); los déficits de los años 2021 y 2022 -períodos de los que aún no realizaron las correspondientes simulaciones-; la actualización de los adelantos recibidos del 2023; y los períodos vencidos del año 2024 (enero, febrero y marzo).
La deuda, estimada por auditorías realizadas por el Instituto de Seguridad Social del año 2024, calculada al 31 de marzo, es de $5.104.478.586,96.
A ello se suman los déficits de 2020, 2021, 2022 y 2023. En rigor, del año 2020 solo se reclama la actualización: es que el anterior Gobierno nacional efectivizó el pago de ese período. Del resto de los años se reclama el déficit actualizado, descontando los anticipos recibidos.
Trece provincias
En 1992, cuando se definió la privatización del sistema jubilatorio, las provincias aceptaron resignar el 15% de sus recursos coparticipables para financiar el déficit de Anses y un año después 11 provincias aceptaron transferir sus sistemas previsionales a Nación.
Hubo 13 provincias que no aceptaron la transferencia: además de La Pampa, se sumaron a la negativa Formosa, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Para poner en pie de igualdad a todos los distritos del país, Nación acordó en 1999 (con el Compromiso Federal) financiar el déficit de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, a cambio de disminuir el gasto público en sus respectivas jurisdicciones y a la creación de un fondo anticíclico, financiado con recursos coparticipables.
Esta normativa general fue complementada con convenios particulares entre cada provincia y la Anses.
