La Cámara de Diputados de la provincia tuvo este jueves una de las sesiones más calientes. El tema que generó mayor debate y que ocupó la mayor parte del tiempo, durante las tres horas y media en que se desarrolló la sesión ordinaria, tuvo que ver con el proyecto de ley para declarar de «utilidad pública y sujetas a expropiación» las áreas necesarias para hacer unas 40 perforaciones y proveer en forma transitoria agua desde el Valle Argentino al Acueducto del Río Colorado. Fue finalmente aprobado por mayoría del bloque Justicialista, con catorce votos. Diez diputados de los bloques del Frepam, Cambiemos y Pueblo Nuevo rechazaron el proyecto. La legisladora de General Acha del PJ, Lucrecia Barruti, se abstuvo. «Si necesitan agua los santarroseños que la traigan en bidones», llegó a decir, en tanto, la legisladora Adriana Leher, de Cambiemos.
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo. Fue rechazada, en los meses previos, por la llamada Mesa del Agua, conformada por dirigentes de la zona de Acha.
El proyecto tiene como objetivo inyectar agua al acueducto principal, en aquellos momentos de interrupción del servicio de abastecimiento de agua, por una falla o por mantenimiento, en el tramo ubicado entre Pichi Mahuida y Padre Buodo. El registro de la empresa Aguas del Colorado el promedio histórico de fallas en el servicio es de, aproximadamente, 10 días al año. Según los universitarios que estudiaron el tema, esas extracciones esporádicas no afectarán ni la calidad ni cantidad de agua del acuífero.
Están sujetas a expropiación una superficie total de una hectárea y cuarenta áreas dentro de seis campo. En estos se harán un total de 40 pozos, todos ubicados en proximidades del paraje de Padre Buodo.
La estación de bombeo se ubicará lindante a la ruta nacional 35 a 2.200 metros al norte de Padre Buodo, dentro de la cual se ubicará una cisterna semienterrada de 2.000 metros cúbicos de capacidad.
El miembro informante del PJ fue Jorge Lezcano. «Esto está sustentado por un estudio de la Universidad de La Pampa. El destino claramente social justifica su concreción. Ese lugar es óptimo para la inyección al Acueducto del Río Colorado para el consumo humano. El derecho de poder tener agua salubre es un derecho que garantiza el gobierno provincial”, dijo.
Por su parte, Abel Sabarots, del Frepam, argumentó su voto negativo. Hizo hincapié fundamentalmente en la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico. “No se trata de proyecto expropiatorio solamente, tiene un trasfondo mas profundo. Al estudio de la Universidad le faltaba el tema ambiental, no hay evaluación de impacto ambiental estratégico”, sostuvo.
“Queremos saber –desarrolló el diputado– el efecto que puede traer esta decisión en el ecosistema. Hagamos las cosas bien. Una extracción sin control puede provocar la salinización. Entonces pido que se hagan las cosas bien. Nosotros tenemos la responsabilidad de observar el marco legal”.
«También -dijo. la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental es de una privada, no de la universidad. Yo quiero una evaluación de impacto ambiental que me diga que en 30 años no va a haber secuelas. Con esto respetamos la legalidad, y con la legalidad nadie nos ha podido responder. Entonces a toda la región se la ha relegado”, se quejó.
Patricia Testa, también del Frepam, fue otra de las que se quejó. «Todo esto se podría haber evitado si hubiéramos tenido una obra del acueducto certificada y aprobada», dijo. En este sentido, hizo un recorrido de 20 años de historia del acueducto, para llegar a la conclusión que si se hubieran hecho determinadas acciones no se estaría recurriendo a la extracción del Valle Argentino.
En tanto, Adriana Leher, de Cambiemos y que adhirió a las palabras de Sabarots y Testa, reclamó por una evaluación de impacto ambiental. Dijo que Acha “no es que no quiera compartir» el agua. “En esta provincia todo lo que parece provisorio es permanente. No negamos compartir el agua los achenses, pero queremos que se hagan las obras de manera seria. No se ha presentado la evaluación de impacto ambiental estratégico, y no nos negamos a compartir el agua, pero si necesitan agua los santarroseños que la traigan en bidones”, lanzó.
La única diputada que se abstuvo de votar fue Lucrecia Barruti, del PJ. “Este tema no es grato para ningún achense. Sin embargo, estamos habñando de un recurso tan importante como el agua. En todo este tiempo, hemos compartido con técnicos y especialistas que nos ilustraron del tema”, expresó.
“Estamos hablando –siguió Barruti– de ser solidarios con recursos pampeanos. El gobierno no le saca derechos a los achenses, porque debe gobernar para todos. Los achenses debemos ser inteligentes para hacer acciones que sean beneficiosas para todos. No puedo decir que no a una ley que no puedo contradecir técnicamente. Me abstengo de votar esta ley, algunos me cuestionarán y otros me entenderán”, concluyó.
A su vez, Daniel Robledo (Pueblo Nuev), votó negativamente. “El problema es mayor que la inmediatez de una ciudad, como es Santa Rosa. Yo tengo que hacer responsable a dos oficialismos, que son quienes tienen la responsabilidad de las obras, el provincial y municipal”, expresó. “Además de perforar y extraer el agua, ¿hay una propuesta del uso y del cuidado de este recurso? ¿Es perforar y prender la bomba cuando se rompe el acueducto? ¿Esto nos está generando un conflicto interno entre achenses y santarroseños?”.
Posteriormente, el presidente del bloque PJ, Espartaco Marín, apoyó los fundamentos de Lezcano y también de Barruti. “Reconozco la fundamentación de Sabarots, pese a disentir las cuestiones técnicas. Se habló de que Santa Rosa es una trampa hídrica, y no es verdad. También se dijo que no sería transitorio la obra y (Juan) Mecca (presidente de Aguas del Colorado, la empresa operadora del acueducto) ya dijo que va a ser transitoria; si no lo creen es otro tema”, dijo.
Por su parte, Martín Berhongaray, del Frepam, dijo que se debería conformar un comité de cuenca para acordar los usos.
Nuevamente, Lezcano tomó la palabra: “Yo entiendo que hay un trasfondo, y como santarroseño me pongo a pensar qué difícil debe ser para un diputado de Acha y tal vez para los de Santa Rosa no mirar el grado de solidaridad que tiene el gobierno provincial para poner en equilibrio y defender a todos los pampeanos. Yo estoy defendiendo la racionalidad y solidaridad del agua”.
Por último, Carlos Bruno, del Frepam, dijo que no hay urgencia, como dijo el Gobierno. “No es la guerra entre Santa Rosa y Acha, ¿Cómo es que no podemos tener consenso? ¿Tan urgente es que tiene que salir hoy? Acá no es ver quién le ganó a quién, sino ver cómo ganan los pampeano”, dijo. Además, criticó la ausencia del diputado Darío Hernández, del Frente Renovador. «se presenta como candidato de Santa Rosa, pero no viene a votar”, dijo.
Convenios
Durante el transcurso de la sesión de hoy, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley del Ejecutivo por el que se aprueba el convenio anual celebrado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. “Este convenio es el que adhiere al programa Incluir Salud”, dijo la diputada Claudia Godoy. «Medicamentos, prestaciones de alto costo, trasplante, prestaciones de discapacidad, son algunas de las cuestiones que abarcan este convenio”.
También, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que solicitan al gobierno provincial teniendo en cuenta el ganador del programa “Senadores por un Día”, la reestructuración de horarios y la ejecución y habilitación de un comedor en la Escuela Agrotécnica de Santa Rosa.
A su vez, se le dio el visto bueno por todos los presentes, a la iniciativa de ley, por el que se crea la distinción “Pampa Mía”, que será entregada por la Cámara de Diputados a toda personalidad reconocida en cada municipio y/o Comisión de Fomento que se haya destacado en la localidad por su labor y compromiso en el ámbito educativo, social, cultural, académico, económico, político, religioso, científico, de la salud u oficio.
Sobre tablas
Por unanimidad fue aprobado sobre tablas, tal cual lo había solicitado el ministro de Hacienda, Ernesto Franco en la comisión, el proyecto de ley del gobierno provincial por el cual ratifica el Acuerdo de Pago entre la provincia de La Pampa y el Estado Nacional, referido al financiamiento del déficit del Sistema Previsional de la Provincia. Llegarán unos 43 millones de pesos que aún restaban pagar desde Nación.
