El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, cuestionó el proyecto alternativo que presentarán diputados del radicalismo, entre otros opositores, para reemplazar el oficial del aporte solidario. “Sus propuestas atrasan 20 años”, dijo.
Álvarez se refirió a las voces de diputados opositores, en la Legislatura pampeana, respecto de la forma en que deberían distribuirse los fondos obtenidos del aporte solidario. “Atrasan 20 años. Están involucionando en la aplicación de políticas públicas, en materia de alimentos”, consideró.
“Plantean que esas partidas deberían ir directamente a los municipios, como fondos de libre disponibilidad en materia social. Eso es volver a tiempos que superamos, a partir de la implementación de la Tarjeta Social y del Refuerzo Alimentario Focalizado. Es probable que no hayan prestado atención a la explicación que dimos hace algunos días, cuando les detallamos la forma en que trabajamos. Que lo hacemos con datos obtenidos con una rigurosidad comprobada, elaborados por los equipos técnicos y sociales de la Provincia con los municipios”, detalló.
“Es el Gobierno provincial quien genera los criterios de trabajo y los municipios determinan quiénes serán las personas beneficiarias. En base a criterios objetivos y técnicos, se produce el acompañamiento y la asistencia necesaria al núcleo familiar que lo requiere. Esto se supervisa y monitorea en forma constante”, amplió.
Dijo que la metodología aplicada permite llegar “sin intermediarios” a cada grupo familiar que precise la presencia del Estado. “A través del sistema Pilquén, tenemos datos y un seguimiento personalizado de los grupos familiares más vulnerables, que funciona y es eficiente. Justamente a eso apuntan las políticas públicas alimentarias que llevamos adelante en la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, y que ya tienen el reconocimiento de otras provincias que vienen a ver cómo funciona el sistema”, dijo.
“La idea es salir del modelo asistencialista, y evitar cualquier sospecha de discrecionalidades. Nuestro trabajo llega a las 80 localidades, es transparente y está más allá de las cuestiones partidarias o políticas. Tal vez no saben que ya hay un sistema en marcha, desde hace muchos años, donde se trabaja con los municipios, y la llegada a los sectores vulnerables es eficiente y con mediciones certeras. Lo que propone la oposición atrasa más de 20 años”, concluyó.
Esta semana, el presidente del bloque de diputados provinciales del radicalismo, Hipólito Altolaguirre, confirmó que la oposición va a presentar un proyecto alternativo al aporte solidario para la atención de familias vulnerables. Entre otros cambios, propondrán que el 100% del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco) sea girado a los municipios con destino específico a asistencia alimentaria y sacarán a los bancos y a los contribuyentes de varios inmuebles y vehículos costosos.
Altolaguirre explicó que el pasado lunes no hubo acuerdo con el PJ para sacar despacho del proyecto de aporte solidario y extraordinario girado por el gobernador Sergio Ziliotto porque en primer lugar no están de acuerdo en “generar un nuevo impuesto que afecte a los pampeanos” y en segundo lugar porque consideran que hay herramientas alternativas para generar recursos destinado a familias vulnerables.
El proyecto enviado por Ziliotto propone la conformación de un fondo con una suba durante seis meses de los ingresos brutos al sistema financiero -es decir, los bancos- del 9,1% a 13,65%. También pagarán los contribuyentes que posean cinco o más inmuebles urbanos o la valuación fiscal de sus inmuebles supere los 50 millones de pesos (están exceptuados los inmuebles rurales), y quienes posean vehículos de alta gama, que tengan un valor a diciembre de 2023 superior a los 40 millones de pesos (los vehículos destinados a la producción no están incluidos en este aporte).
El PJ metió cambios: sacó a los empleados públicos de mayores ingresos -se mantienen los funcionarios- e incluyó una suba de impuestos al Casino Club. También excluyó a las mutuales y cooperativas.
Según los cálculos actualizados del Gobierno, en los seis meses pretenden recaudar unos 17.500 millones de pesos.