En la Legislatura pampeana se desató en las últimas horas un escándalo: un legislador del peronismo dijo “Gracias a Dios”, cuando la diputada Celeste Rivas (PRO) se refería a la pérdida de 36 casetes de escuchas del caso de trata de personas en el prostíbulo La Chicha Show, donde está imputado el ahora exintendente de Macachín y exdiputado Jorge Cabak (PJ).
La legisladora, al escucharlo, le respondió. “Gracias a Dios para quienes se beneficiaron”. De todas maneras, el tema quedó allí. Hasta que apareció la versión taquigráfica, donde se indica que quien dijo esas palabras fue el diputado León Nicanoff (Frejupa, peronismo). En la Legislatura, allegados a Nicanoff lo negaron terminantemente: dijeron que -según consta en un video, e incluso lo vieron asesores y auxiliares- quien manifestó esas palabras fue otro legislador (Diario Textual prefiere no publicar el nombre, hasta corroborarlo).
Allegados dijeron que el diputado Nicanoff, luego de haber consultado a abogados, anunció que iniciará acciones legales y administrativas contra el cuerpo de taquígrafos: no creen que haya sido un error. Eventualmente sobre la responsabilidad a otras áreas.
EL COLECTIVO PERONISTA
Ante la causa más escandalosa de #TrataDePersonas de La Pampa, en la cual están involucrados ex intendentes, ex concejales y ex comisarios, el Diputado Nicanoff le agradeció públicamente a Dios que se hayan "extraviado" las pruebas que los comprometían. pic.twitter.com/KSVV6QJw2F— Celeste Rivas (@CelesteRivas) June 19, 2024
La Chicho Show es un recordado prostíbulo que funcionó en Macachín hasta 2011. Era propiedad de Luis Daniel de Luca, junto a otros socios.
El predio era de una hectárea: había una docena de casas más el prostíbulo, que tenía una barra y cuatro habitaciones donde se hacían los “pases”. Allí, incluso, en 2017 se realizó una excavación en búsqueda de posibles restos de Marita Verón, la joven tucumana que cayó en manos de una red de trata y permanece desaparecida.
En 2018, Cabak y los otros seis imputados habían sido llevados al banquillo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. El fiscal Leonel Gómez Barbella llegó a pedir para el entonces jefe comunal una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido, según sostuvo, partícipe necesario del delito de trata de personas porque permitió el funcionamiento de un prostíbulo. Lo mismo pidió para el entonces comisario Hugo Iglesias.
Otro de los principales acusados era el dueño del prostíbulo, Luis Daniel de Luca. El fiscal había reclamado que fuera condenado a 7 años. También había solicitado 7 años a otro de los dueños, Esmundo “Dito” Blas -exconcejal de Macachín-. En tanto, había solicitado 5 años de prisión a Leandro Otero -transportista de Macachín-, Maximiliano De Luca -hijo de Luis Daniel- y a Oscar Moya -remisero de la localidad-.
Sin embargo, los jueces Pablo Díaz Lacava, Marcos Aguerrido y José Mario Triputti anularon la causa y los sobreseyeron. Se apoyaron, principalmente, en la pérdida de pruebas clave: las escuchas de una investigación policial que se encontraban en 36 casetes. Esos casetes salieron desde la Policía a la Justicia Federal, pero se extraviaron.
Además, declararon irregular el pedido de allanamiento del cabaret donde presuntamente ocurría la trata y la explotación sexual de mujeres. El tribunal entendió que los allanamientos al local y otras casas fueron consecuencia directa de una denuncia inválida por haber quedado en el anonimato la identidad del denunciante. También consideró que el proceder policial fue irregular, al no reservar formalmente la identidad del denunciante y presenciar una comunicación telefónica ilegal, lo que implicó una degradación de la información aportada que conspiró contra la credibilidad que mínimamente debe presentar toda denuncia.
La Fiscalía apeló. En 2023, la Corte anuló la sentencia de TOF y ordenó un nuevo juicio.
