El desfinanciamiento al Estado provincial y a las 80 intendencias y comisiones de fomento de La Pampa, si se llega a aprobar el llamado “Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” será de una magnitud que provocará un serio desfinanciamiento: en el caso del Ejecutivo, la pérdida supera los $60 mil millones en cuatro años, mientras que los municipios resignarían unos $8 mil millones en el mismo período.
La cifra fue elaborada por Casa de Gobierno, a partir de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, órgano con competencia institucional y rigor profesional válidos para especificar las implicancias fiscales de iniciativas legislativas.
El escrito, con estos datos alarmantes, fue enviado a las diputadas Marcela Coli (UCR) y Varinia Marín (Unión por la Patria), y a los diputados Martín Maquieyra (PRO), Martín Ardohain (PRO) y Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria). En Casa de Gobierno pidieron a esos legisladores no votar el paquete fiscal.
También el informe fue elevado a cada intendente e intendenta. Aspiran a que esos jefes comunales les pidan a sus legisladores que no le den luz verde.
Graves consecuencias
Estas son las principales conclusiones de ese informe:
a) Las medidas fiscales planteadas que tienen impacto permanente, resultan desde un punto de vista estrictamente fiscal desfavorables para el sostenimiento del Estado provincial y el de los Municipios y Comisiones de Fomento de la Provincia de La Pampa. Ejemplo de ello es que la reducción del Impuesto a los Bienes Personales asciende al 0,36 % del PBI mientras que el incremento de recursos por Impuesto a las Ganancias sólo llega al 0,25 %.
b) Las medidas con impacto por única vez podrían, en caso de un alto nivel de adhesión, sólo podrían morigerar el impacto negativo en el presente ejercicio fiscal. En los ejercicios siguientes sólo podría producirse un impacto “residual” con efectos positivos muy marginales.
c) Además, no puede obviarse el impacto negativo que sufrirá el consumo, producto de la disminución de su salario afectado por el impuesto a las Ganancias. Se estima que serán alrededor de $ 8.000 millones que se descontarán durante el segundo semestre de 2024 y que serán 13.400 trabajadoras y trabajadores pampeanos los que verán afectado su poder adquisitivo.
Qué dijo Bisterfeld
Hoy, el ministro Guido Bisterfeld, en una columna de opinión, dijo que el “paquete fiscal” impactará “negativamente” en el federalismo, más allá del “rebuscado encuadre constitucional” que quieran darle para justificar que el rechazo del Senado no fue definitivo.
“En reiteradas ocasiones se señala en medios periodísticos y en despachos de Casa Rosada que ‘el paquete fiscal beneficia a las provincias’. Viendo los datos que integran este texto, surge que se trata de una falacia que se difunde buscando confusión o pretendiendo instalar un nuevo relato. Quizá se cometa el error de sumar peras con manzanas. En ese caso, sería un error gravísimo desde el impacto presupuestario permanente que este proyecto genera. Por ello, nos centraremos en analizar el impacto utilizando datos suministrados por la Oficina de Presupuesto del Congreso -OPC-, que ha elaborado diversos informes al respecto”, dijo.
“Nos centraremos en los cambios que implican modificaciones permanentes en la estructura tributaria, especialmente los efectos de incrementar recursos vía Impuesto a las Ganancias y disminuir fuertemente las alícuotas del tributo a los Bienes Personales. Por otro lado, los impactos ‘por única vez’, como el blanqueo de capitales, que ameritan un análisis distinto”, escribió.
“Más allá de la aberrante cuestión distributiva que señalamos, (…) surge que en una gestión de gobierno las provincias pierden recursos por casi 5 billones de pesos. Si el objetivo es destruir el Estado desfinanciándolo, pareciera que vamos en el camino correcto”, dijo. “Pero para consolidar esta hipótesis, veamos la pérdida que se consolida como estructural a partir de 2028 inclusive: 1.6 billones de pesos menos por año, un 0.27% del PBI de baja en la presión tributaria global de carácter permanente, pero con una disminución en la carga fiscal patrimonial de 0.61% y un incremento del 0.35% en la carga fiscal que sufren los trabajadores y monotributistas”.
“La pérdida de recursos es notoria y sistemática, y es afrontada en hasta un 85% por las jurisdicciones provinciales, dejando una pérdida permanente de recursos de más de un billón de pesos por año”, agregó.
“Pareciera que no alcanza con la ilegal apropiación de las transferencias no automáticas a las provincias, simuladas burdamente a través del relato mentiroso de que ‘se tratan de recursos discrecionales…’ Otra mentira: lo único discrecional con que cuenta el Presidente son los recursos propios del Estado Nacional. No puede violar la ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Pareciera que se soslaya que, al momento de la vigencia en 1988 del actual sistema federal de reparto, los estados provinciales recibían el 58 % de los recursos coparticipables. Hoy ese porcentaje, lo recibe el Estado Nacional, en una franca involución del federalismo”, sostuvo.
“Sin dudas que es necesario discutir un nuevo esquema de coparticipación. Y sólo estará a la altura de la impronta federal que la Constitución Nacional le da al sistema político argentino si las provincias vuelven a tener lo que perdieron. Son las provincias que, en su enorme mayoría, prestan los servicios públicos básicos del Estado. La salud, la educación, la seguridad y la justicia son responsabilidad, mayoritariamente, de las provincias, en caso conjuntamente con los municipios. Desde esa necesidad, el primer paso es rechazar el paquete fiscal”, reclamó.