La sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa, donde se iba a poner a votación el proyecto de ley denominado “aporte solidario”, finalmente se cayó: la oposición apeló nuevamente a no dar quorum para imposibilitar que el peronismo logre la sanción de esta ley clave para el Gobierno de Sergio Ziliotto que establece, por seis meses, un aumento de los impuestos a los sectores más acaudalados para recaudar dinero que será destinada a alimentar a las familias vulnerables de la provincia.
El proyecto impulsado por Casa de Gobierno iba a tener 15 votos del peronismo y 15 en contra de la oposición. Por eso se descontaba que debía desempatar, a favor del proyecto, la presidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral.
Finalmente la oposición -parte de la cual tenía dictamen propio, con otro proyecto- decidió no bajar al recinto. Ya en marzo, para presionar en la conformación de las comisiones, había apelado a una maniobra similar.
¿Cuál fue el principal argumento opositor? Que es una ley especial, por lo que se requiere para su aprobación al menos 16 votos (es decir, mayoría especial). Para el Frejupa, no es así: con 15 votos se puede aprobar.
De esta manera, la octava sesión ordinaria, prevista para hoy, se llevó a cabo, presidida por la vicegobernadora Alicia Mayoral, en minoría. Ante la ausencia de los diputados y diputadas de los bloques UCR, MID-PRO y Comunidad Organizada, el jefe de bloque del Frejupa, Espartaco Marín, pidió a la presidenta de la Legislatura recurrir a los artículos 129 y 15 del reglamento legislativo y sesionar en esa condición.
“Los opositores, entre la comida de los pampeanos y los bancos, eligieron defender a los bancos”, dijo María Luz Alonso.
“Tenían un dictamen propio pero aun así decidieron no venir al recinto a debatir. Hay que hacerse cargo de las posiciones políticas que defienden”, les manifestó, en tanto, Espartaco Marín.
El diputado deslizó que hubo un fuerte lobby de los productores rurales y de los jueces. “Cambiaron la posición. No quiero pensar que claudicaron ante el lobby”, manifestó, en referencia a las dos notas enviadas por esos sectores en las últimas horas.
Varios jueces advirtieron que el cobro es inconstitucional porque sus salarios son intangibles. Pero Marín recordó que el proyecto establece que el Poder Judicial puede o no adherir. “Si no tienen compromiso con los que menos tienen, no adhieran”, les dijo a los magistrados.
El diputado también se refirió a la nota de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, que indicó que el aporte afecta a la producción. “Nos endilgaron que vamos en contra de la producción… Pero lo cierto es que trabajamos (en el proyecto) para sacar a todos los sectores productivos que podría haber afectados. Quitamos expresamente a la producción, porque entendemos que la salida de La Pampa y del país es con la producción. ¿Por qué tienen un discurso antiperonista y nos arrogan falta de comprensión sobre la producción? Si lo hicimos y fuimos a buscar a los sectores que no tienen un fin productivista. Si le pudimos un tope mínimo y si sacamos a las cooperativas y mutuales”, expresó.
“Nos quieren endilgar el mote de ‘enemigos’ y yo no quiero de enemigo al campo. ¿Por qué importan discursos porteños de que somos anti-campo? El destino de esta provincia está atada a la producción agrícola ganadera”, sostuvo.
“Hoy se sesionó en minoría por una irresponsabilidad de la oposición. No comprenden la situación y la realidad del país y de cómo eso afecta a nuestra provincia; que tengan en claro que las familias que necesitan de asistencia alimentaria no solo están en algunas manzanas de Santa Rosa, vayan y pregúntenle a los intendentes de los pueblos si necesitan o no más asistencialismo”.
Dos dictámenes
La iniciativa, según Casa de Gobierno, afectará a solo el 1% de la población pampeana. Para el llamado “aporte solidario” hay dos dictámenes. Uno es impulsado por el Frejupa (comandado por el PJ), que metió la cuchara al proyecto elaborado por el Gobierno de Sergio Ziliotto: propone la suba de impuestos por seis meses al sistema financiero, al Casino Club, a los funcionarios de mayores ingresos y a los grandes contribuyentes. En Casa de Gobierno buscan recaudar, según sus cálculos, 17.500 millones de pesos en seis meses para destinar a las familias más pobres.
Otro dictamen es de la UCR, el PRO y el MID que, a través de un “proyecto espejo”, directamente saca de los aumento de los impuestos al sistema financiero -que en el proyecto oficialista aportaría unos 11 mil millones de pesos- y a los grandes contribuyentes. Para recaudar, establece que el 100% del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco) sea girado a los municipios, de acuerdo al índice de coparticipación, con destino específico a asistencia alimentaria. También incluye como aportante al Casino. En tanto, con respecto al aporte de funcionarios y legisladores, el dictamen opositor determina que deberán aportar el 20% los sueldos mayores a 1,5 millones de pesos.
Comunidad Organizada, en tanto, ya avisó que irá por el rechazo a ambas iniciativas.
Eventualmente, en caso de que se apruebe finalmente el proyecto del peronismo, incluso hay riesgo de que el tema se judicialice, en medio de la paridad de fuerzas: hoy el peronismo tiene 15 legisladores y los opositores también 15.
La oposición -la UCR, el MID, el PRO y CO- sostiene que esta es una ley especial porque se crean partidas de gastos: en su artículo 69, la Constitución provincial que solamente es válida su sanción por la Cámara de Diputados por el voto de la mitad más uno de los diputados.
El Frejupa, por lo pronto, entiende que no es una ley especial y que, llegado el caso, podría utilizar el voto doble de la presidenta Alicia Mayoral para desempatar e imponer su iniciativa. Si el peronismo avanza, es probable que los opositores traten de llegar a la Justicia.
El peronista Marín rechazó terminantemente que se trate de una ley especial. “Una lectura armónica del texto constitucional deriva en que la ley de Presupuesto de Gastos y Recursos se aprueba por mayoría simple. Resulta ilógico, entonces, que la aprobación de cualquier otra norma que la modifique al implicar un gasto, requiera mayoría especial. Surge nítidamente que el Proyecto de Ley de creación del Fondo Alimentario Extraordinario constituye, entre otras disposiciones, una modificación a la actual Ley de Presupuesto nº 3575”, dijo.
“El artículo 30 del texto propuesto ratifica dicho criterio: faculta al Poder Ejecutivo ‘a incrementar las partidas de gastos y recursos y realizar las modificaciones correspondientes del Presupuesto General Ejercicio 2024’, explicó.
Jueces, no
La “corporación judicial” de La Pampa salió a hacer lobby. Un importante número de jueces, juezas, defensores y secretarios, entre otros funcionarios judiciales, a través de una serie de notas enviadas a los cuatro bloques legislativos, advirtió que no está dispuesto a sostener con sus salarios el llamado “aporte solidario” para ayudar a la compra de alimentos a las familias vulnerables.
Las notas -a las que accedió Diario Textual– fueron enviadas a los bloques Frejupa, UCR, PRO – MID y Comunidad Organizada. Generó cierto estupor, aunque no sorpresa: es que son de los funcionarios “privilegiados” que más cobran y no quieren que les descuenten los salarios.
Apelaron a un viejo argumento: que los salarios de los jueces son “intangibles”, por lo que es ilegal su cobro. En ese marco, manifestaron su “profunda y grave preocupación” por este aporte. “La Constitución de la Provincia de La Pampa expresamente establece que la remuneración de los magistrados ‘no podrá ser disminuida mientras duren en sus funciones’, y si bien la misma ‘estará sujeta a los impuestos y contribuciones generales’, tal como lo han expresado distintos legisladores, entendemos que el llamado ‘aporte solidario’ no participa de la naturaleza jurídica de impuesto ni contribución y menos aún detenta la calidad de ‘general’, ya que el proyecto excluye de su obligatoriedad a amplios sectores económicos de la sociedad pampeana”, indicaron en la nota.
Ruralistas, tampoco
La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa también salió a rechazar la ley del llamado aporte solidario, que se aprobaría este jueves en la Legislatura para recaudar dinero que será destinado a familias vulnerables. Esta ley no alcanza directamente a todos los ruralistas, pero desde la asociación ruralista marcaron la cancha. En un comunicado de prensa, dijeron que el Gobierno provincial “opta por una confrontación constante”, sostuvieron que se intenta mantener el “statu quo del entramado burocrático” provincial, reclamaron enfocarse “en potenciar de manera sostenida la producción” local y remarcaron que “la población merece dignidad, no solo asistencialismo” por el Gobierno.
“Una vez más, nuestra provincia se encuentra en una encrucijada socio-política debido a la situación del país. Nuestro gobierno provincial, al igual que en épocas pasadas y frente a un gobierno nacional de diferente orientación política, opta por una confrontación constante y sin compromisos. Esta postura de enfrentamiento desde el principio no es nueva”, sostuvieron en el comunicado enviado a Diario Textual.
“El sector agropecuario es el principal motor económico de nuestra provincia, como lo demuestran los números. En 2023, más del 70% de las exportaciones de La Pampa provinieron del sector primario, y si sumamos las manufacturas de origen agropecuario, esa cifra supera el 90%. El crecimiento y dinamismo de la matriz productiva provincial no se ha modificado en los últimos 20 años. Sin embargo, cualquier ajuste mínimo en el flujo de divisas desde el gobierno nacional genera un impacto devastador en toda la sociedad pampeana”, manifestaron.
“No es la primera vez que empezamos un ciclo donde todos los problemas actuales son atribuidos al gobierno nacional de turno. No hay autocrítica alguna, ni intención visible de modernizar o cambiar el statu quo del entramado burocrático provincial. No se vislumbra ningún esfuerzo intelectual que vaya más allá de aumentar los impuestos locales, los cuales terminan diluidos en la ineficiencia de las estructuras gubernamentales sobredimensionadas. Es desalentador ver cómo figuras arraigadas en este sistema alzan la voz e influyen en los recintos legislativos no para mejorar la vida del pueblo, sino para proteger sus privilegios”, dijeron.
“En esta realidad creada por los políticos del gobierno, los sectores más dinámicos de la provincia enfrentamos una situación angustiante. Nos encontramos enfrentando los mismos desafíos persistentes: el aumento de la inseguridad, una conectividad deficiente, caminos vecinales intransitables, y el constante incremento de nuevos impuestos que agravan la carga fiscal. Además, carecemos de políticas productivas efectivas destinadas a ampliar y mejorar la producción en la región pampeana, generando así más empleos y promoviendo la inclusión social. Es crucial no limitarnos a medidas de emergencia o crisis, sino enfocarnos en potenciar de manera sostenida la producción, con el objetivo de avanzar hacia soluciones más permanentes y efectivas”, sostuvieron.
“La provincia necesita mejorar la calidad de su producción de bienes y servicios para que todos los habitantes puedan ver mejoras reales en su calidad de vida. Nuestros recursos humanos merecen esa oportunidad. La población merece dignidad, no solo asistencialismo”, finalizaron desde la Agrícola.