La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa salió a rechazar la ley del llamado aporte solidario, que se aprobaría este jueves en la Legislatura para recaudar dinero que será destinado a familias vulnerables. Esta ley no alcanza directamente a todos los ruralistas, pero desde la asociación ruralista marcaron la cancha. En un comunicado de prensa, dijeron que el Gobierno provincial “opta por una confrontación constante”, sostuvieron que se intenta mantener el “statu quo del entramado burocrático” provincial, reclamaron enfocarse “en potenciar de manera sostenida la producción” local y remarcaron que “la población merece dignidad, no solo asistencialismo” por el Gobierno.
“Una vez más, nuestra provincia se encuentra en una encrucijada socio-política debido a la situación del país. Nuestro gobierno provincial, al igual que en épocas pasadas y frente a un gobierno nacional de diferente orientación política, opta por una confrontación constante y sin compromisos. Esta postura de enfrentamiento desde el principio no es nueva”, sostuvieron en el comunicado enviado a Diario Textual.
“El sector agropecuario es el principal motor económico de nuestra provincia, como lo demuestran los números. En 2023, más del 70% de las exportaciones de La Pampa provinieron del sector primario, y si sumamos las manufacturas de origen agropecuario, esa cifra supera el 90%. El crecimiento y dinamismo de la matriz productiva provincial no se ha modificado en los últimos 20 años. Sin embargo, cualquier ajuste mínimo en el flujo de divisas desde el gobierno nacional genera un impacto devastador en toda la sociedad pampeana”, manifestaron.
“No es la primera vez que empezamos un ciclo donde todos los problemas actuales son atribuidos al gobierno nacional de turno. No hay autocrítica alguna, ni intención visible de modernizar o cambiar el statu quo del entramado burocrático provincial. No se vislumbra ningún esfuerzo intelectual que vaya más allá de aumentar los impuestos locales, los cuales terminan diluidos en la ineficiencia de las estructuras gubernamentales sobredimensionadas. Es desalentador ver cómo figuras arraigadas en este sistema alzan la voz e influyen en los recintos legislativos no para mejorar la vida del pueblo, sino para proteger sus privilegios”, dijeron.
“En esta realidad creada por los políticos del gobierno, los sectores más dinámicos de la provincia enfrentamos una situación angustiante. Nos encontramos enfrentando los mismos desafíos persistentes: el aumento de la inseguridad, una conectividad deficiente, caminos vecinales intransitables, y el constante incremento de nuevos impuestos que agravan la carga fiscal. Además, carecemos de políticas productivas efectivas destinadas a ampliar y mejorar la producción en la región pampeana, generando así más empleos y promoviendo la inclusión social. Es crucial no limitarnos a medidas de emergencia o crisis, sino enfocarnos en potenciar de manera sostenida la producción, con el objetivo de avanzar hacia soluciones más permanentes y efectivas”, sostuvieron.
“La provincia necesita mejorar la calidad de su producción de bienes y servicios para que todos los habitantes puedan ver mejoras reales en su calidad de vida. Nuestros recursos humanos merecen esa oportunidad. La población merece dignidad, no solo asistencialismo”, finalizaron desde la Agrícola.
Desde el Gobierno salieron a responderle. El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, dijo que la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa incurre en una “mentira” al tratar de justificar su rechazo al proyecto de aporte solidario impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto. Expresó que hacen uso de la entidad con “claros fines políticos” y que le genera “sorpresa la insistencia en el rechazo” al aporte. “Me genera profunda sorpresa ya que ningún sector productivo está alcanzado por el mismo. Llama la atención tamaña mentira, sobre todo cuando el campo es uno de los sectores más beneficiados por las políticas de intervención positiva que genera el Gobierno provincial”, sostuvo.
Qué se discute
La Cámara de Diputados de La Pampa pondrá a votación este jueves, en una sesión ordinaria, el proyecto de ley denominado “aporte solidario” que establece, por seis meses, un aumento de los impuestos a los sectores más acaudalados para recaudar dinero que será destinada a alimentar a las familias vulnerables de la provincia. Se espera que el proyecto impulsado por Casa de Gobierno tendrá 15 votos del peronismo y 15 en contra de la oposición. Por eso se descuenta que desempatará, a favor del proyecto, la presidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral. Hay diferencias de criterios sobre cómo debe aprobarse y se especula sobre la posibilidad de judicialización.
Para el llamado “aporte solidario” hay dos dictámenes. Uno es impulsado por el Frejupa (comandado por el PJ), que metió la cuchara al proyecto elaborado por el Gobierno de Sergio Ziliotto: propone la suba de impuestos por seis meses al sistema financiero, al Casino Club, a los funcionarios de mayores ingresos y a los grandes contribuyentes. En Casa de Gobierno buscan recaudar, según sus cálculos, 17.500 millones de pesos en seis meses para destinar a las familias más pobres.
Otro dictamen es de la UCR, el PRO y el MID que, a través de un “proyecto espejo”, directamente saca de los aumento de los impuestos al sistema financiero -que en el proyecto oficialista aportaría unos 11 mil millones de pesos- y a los grandes contribuyentes. Para recaudar, establece que el 100% del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco) sea girado a los municipios, de acuerdo al índice de coparticipación, con destino específico a asistencia alimentaria. También incluye como aportante al Casino. En tanto, con respecto al aporte de funcionarios y legisladores, el dictamen opositor determina que deberán aportar el 20% los sueldos mayores a 1,5 millones de pesos.
Comunidad Organizada, en tanto, ya avisó que irá por el rechazo a ambas iniciativas.
Hay riesgo de que el tema se judicialice, en medio de la paridad de fuerzas: hoy el peronismo tiene 15 legisladores y los opositores también 15.
La oposición -la UCR, el MID, el PRO y CO- sostiene que esta es una ley especial porque se crean partidas de gastos: en su artículo 69, la Constitución provincial que solamente es válida su sanción por la Cámara de Diputados por el voto de la mitad más uno de los diputados.
El Frejupa, por lo pronto, entiende que no es una ley especial y que, llegado el caso, podría utilizar el voto doble de la presidenta Alicia Mayoral para desempatar e imponer su iniciativa. Si el peronismo avanza, es probable que los opositores traten de llegar a la Justicia.
Jueces, no
La “corporación judicial” de La Pampa salió a hacer lobby. Un importante número de jueces, juezas, defensores y secretarios, entre otros funcionarios judiciales, a través de una serie de notas enviadas a los cuatro bloques legislativos, advirtió que no está dispuesto a sostener con sus salarios el llamado “aporte solidario” para ayudar a la compra de alimentos a las familias vulnerables.
Las notas -a las que accedió Diario Textual– fueron enviadas a los bloques Frejupa, UCR, PRO – MID y Comunidad Organizada. Generó cierto estupor, aunque no sorpresa: es que son de los funcionarios “privilegiados” que más cobran y no quieren que les descuenten los salarios.
Apelaron a un viejo argumento: que los salarios de los jueces son “intangibles”, por lo que es ilegal su cobro. En ese marco, manifestaron su “profunda y grave preocupación” por este aporte. “La Constitución de la Provincia de La Pampa expresamente establece que la remuneración de los magistrados ‘no podrá ser disminuida mientras duren en sus funciones’, y si bien la misma ‘estará sujeta a los impuestos y contribuciones generales’, tal como lo han expresado distintos legisladores, entendemos que el llamado ‘aporte solidario’ no participa de la naturaleza jurídica de impuesto ni contribución y menos aún detenta la calidad de ‘general’, ya que el proyecto excluye de su obligatoriedad a amplios sectores económicos de la sociedad pampeana”, indicaron en la nota.