Bajo el título “Sin industria argentina no hay empleo”, los sindicatos industriales, integrados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), junto con los gobernadores que no firmaron el Pacto de Olivos, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof y el pampeano Sergio Ziliotto, reiteraron hoy su rechazo al DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), principales instrumentos jurídicos de la gestión Milei, por la acelerada destrucción de la industria que generan.
El documento se presentó este jueves en la sede central del Sindicato de Mecánicos. Allí se reunieron los secretarios generales de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), junto con los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; La Rioja, Ricardo Quintela; Tierra del Fuego, Gustavo Malella y de La Pampa, Sergio Ziliotto, convocados con preocupación frente a la pretendida modernización laboral promovida por el gobierno nacional. También estuvo el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, que hace apenas setenta y dos horas asistió a la ceremonia en Tucumán y estampó su firma en el acta.
Industricidio
“El documento de la CSIRA lo expresa: hay que sumar actores vinculados a la industria para imponer una agenda que marque lo nocivo de las políticas nacionales a contramano del desarrollo industrial. Lo dije anteriormente y lo repetí hoy: vamos a un nuevo industricidio, quizá inédito”, afirmó Ziliotto luego del encuentro. “Consecuentes con nuestros ejes de gestión ratificamos el valor estratégico del desarrollo industrial para construir un país con producción y trabajo. Ese es el desafío y ese nuestro compromiso”, enfatizó el mandatario pampeano.
Qué dice el documento
“La pretendida modernización laboral que impulsa el actual Gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad”, concluye el comunicado, en una de las afirmaciones más taxativas respecto de la realidad actual. El equipo económico de Milei, en su totalidad, proviene del sector financiero.
El otro dato relevante de la jornada son las 330.000 cuentas sueldo que se dieron de baja durante el último semestre, según la información publicada por el Banco Central. Desde la asunción del gobierno autodefinido como anarco capitalista, la situación económica de las empresas ha empeorado, tal como confirman los datos arrojados por la segunda encuesta realizada a las organizaciones sindicales miembros de la Confederación.
“Del relevamiento, elaborado por 36 gremios entre 61.728 empresas de 18 sectores diferentes, surge que el 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado y que en el 80% de las compañías se redujo personal, ya sea por despidos, suspensiones o jubilaciones anticipadas”, sostiene el mencionado informe.
De acuerdo al material, el 65 por ciento de las empresas consultadas declararon que las caídas de las ventas superan el 15 por ciento impactando negativamente sobre los trabajadores, la capacidad productiva y el cumplimiento de las obligaciones. El 40 por ciento de las fábricas utiliza 6 de cada 10 máquinas, sólo el 56 por ciento puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas y el 80 por ciento de las empresas han tenido despidos por un lado y han realizado acuerdos de retiros voluntarios por el otro, mientras que el 60 por ciento señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión y licenciamiento.
Todos estos datos implican un agravamiento o profundización de las tendencias que ya se manifestaban en la edición anterior de la misma encuesta, concluida durante el pasado mes de abril.
A la vez, los presentes cargaron contra la reforma laboral, uno de los verdaderos objetivos de los grupos económicos que dominan el gobierno de Milei, plantado en el DNU, suspendido por la Justicia e incluido finalmente en la ley de Bases.
“El sector del trabajo y los empresarios han hecho los cambios pertinentes frente a los nuevos desafíos en los convenios colectivos, no es cierto que no se haya privilegiado a los nuevos cambios y adaptaciones por actividad, y sin necesidad de modificar la reglamentación vigente. Prueba de ello son los trabajos por actividad sectorial de los planes estratégicos que han realizado empresas y sindicatos asistidos por Universidades Nacionales, públicas y privadas”, agrega.
SMATA es uno de los ejemplos más claros. La semana pasada su secretario general, Ricardo Pignanelli, compartió un panel de la Expo IndustrializAR, en el distrito de Pilar, en el conurbano norte, con el CEO de Toyota Argentina, Daniel Herrero. Allí se observaron profundas coincidencias entre ambos, para mejorar la competitividad y garantizar el empleo.
Sin embargo, desde hace ya tres meses, la planta que el gigante nipón posee en Zárate tiene abierto un programa de retiros voluntarios, para adecuar sus operaciones a la drástica caída de la demanda del mercado. Algo similar ocurre en casi todas las terminales.
La crisis en números
El documento de CSIRA analiza una encuesta realizada a 25 organizaciones sindicales. La misma arroja los siguientes datos:
– Total de empresas con trabajadores nucleados por la CSIRA: 61.728 empresas divididas en 18 sectores de actividad.
– El 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado.
– El 65% declararon que la caída de las ventas supera el 15%.
– El 40% de las empresas señala que utilizan 6 de cada 10 máquinas o menos.
– El 50% manifiesta un incremento de más del 30% de sus costos como consecuencia del aumento de tarifas.
– Cumplimiento de las obligaciones: solo el 56% de las empresas puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas.
– El 38 % de las empresas se ve obligada a dividir los pagos durante el mes.
– El 95% considera que en los próximos 6 meses la situación estará mucho peor o moderadamente peor.
– El 65% indica que a partir de la sanción de la Ley Bases el funcionamiento empeorará, un 20% que seguirá igual y un 15% no contestó.
– Impacto sobre los trabajadores: el 80% de las empresas han despedido trabajadores,
mientras que, solo el 20% revela no haber sufrido despidos desde diciembre a la actualidad.
– El 60% de los encuestados señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión o licenciamiento en sus trabajos: esta cifra duplica al 34.4% relevado en mayo. En cuanto a adelanto de vacaciones, en el mes de julio se relevó esta operatoria en el 65% de las empresas.
– Retiros voluntarios: el 80% de las empresas ha implementado esta operatoria, lo que supera el 56.5% de lo relevado en mayo.
– Se computa recortes en horas extra en el 90% de las empresas. Lo que significa un recorte del 30 % de las horas extras en los trabajadores.
-Según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina se dieron de baja 330.000 cuentas sueldos desde diciembre hasta fines de mayo. Por su parte, la caída en la producción industrial manufacturera alcanzó un 15,2% frente a igual periodo del año anterior, mientras que la desocupación trepó al 7,7% acompañado por una pérdida creciente y sostenida del poder adquisitivo.
