El secretario general del Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa, Rodrigo Genoni, fue al concejo deliberante a expresar su postura sobre la Revisión Técnica Obligatoria que el municipio exigirá a partir de octubre. “Pedí sentido común y que se aplace la puesta en vigencia de la ordenanza porque no están dadas las condiciones sociales, ni económicas”, dijo a Diario Textual.
La RTO comenzará a regir, según la ordenanza, en octubre de este año. Los valores van desde los $32.000 hasta los $90.000, según el vehículo sea auto, moto, taxi, transporte escolar o camión.
Hoy, hacerle la RTO a un un auto cuesta $32.000; a una pick up o furgón, $46.000; los taxis, remises y transportes escolares deben pagar $20.000 y los minibuses o colectivos $65.000.
El único taller habilitado para hacer la revisión está ubicado en Wilde y Circunvalación, de Santa Rosa.
“Fui al concejo en nombre del Centro Empleados de Comercio a exponer que a nuestro entender no están dadas las condiciones para poner en vigencia la ordenanza por la situación social y económica que atraviesa la gente”, dijo Genoni.
El dirigente alertó lo que puede suceder cuando entre en vigencia, en octubre. “Los trabajadores, con los ingresos que tienen, no usan el auto o la camioneta para viajar. El fletero, el leñero, los albañiles y los empleados de comercios lo usan para trasladar a sus hijos y para ir a sus lugares de trabajo. Y no van a pasar una RTO, con lo cual se va a poner en infracción a buena parte de la sociedad santarroseña”, advirtió.
“Cuando se pone en vigencia una ordenanza hay que asesorarse de que la puedan cumplir. Si no se pone a todos en una situación de inquietud porque no saben cuándo los va a agarrar un operativo”, planteó.
Cuestionó que se quiera legislar como en el primer mundo para una sociedad que no está en el primer mundo. “En el CEC estamos de acuerdo con controles de alcoholemia, los controles de semáforos y velocidad, pero decimos que la RTO va a poner a todos, especialmente a los laburantes, en infracción, por tal motivo pedimos sentido común y que se aplace un año o año y medio su aplicación”, reclamó.
“Tengo el deber de defender los intereses de los trabajadores frente a una ordenanza que no van a poder cumplir. No solo los empleados de comercio, sino también los cuentapropistas y changarines”, agregó.
