Los 80 intendentes y presidentes de comisiones de fomento están, cada día, más preocupados: sin la ley del aporte solidario para que el Gobierno provincial pueda garantizar el pago a 10 mil familias del llamado Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario –previsto en las tarjetas alimentarias-, temen que en las próximas semanas les empiecen a golpear las puertas de sus despachos y deban salir a incrementar la atención directa de las demandas alimentarias de cientos de familias.
El proyecto del aporte, presentado por el Gobierno de Sergio Ziliotto hace cuatro meses en la Cámara de Diputados, contempla una suba de impuestos, principalmente a los bancos. La iniciativa continúa empantanada: en las últimas tres sesiones, los opositores de la UCR, Pro y Comunidad Organizada no han dado quorum, con el argumento de que no quieren subir más impuestos y que el peronismo pretende aprobar la ley en forma inconstitucional. Ha habido avances, con varios puntos cedidos por el peronismo, pero las negociaciones recientemente se han estancado. Casa de Gobierno y los peronistas ahora directamente no quieren conceder otros dos pedidos opositores: que el aporte salga como una ley especial (es decir, debería aprobarse por al menos 16 votos de 30, cuando el peronismo tiene 15 bancas) y que queden afuera los bancos (se esfumarían unos 11 mil millones de pesos sin el aporte de las entidades financieras).
En Diputados esperan para los próximos días una convocatoria del gobernador Sergio Ziliotto que podría establecer la hoja de ruta sobre el tema de los alimentos: como publicó Diario Textual, el Ministerio de Hacienda ya está ultimando detalles para incrementar el Presupuesto 2024 porque quedó desactualizado a raíz de la fuerte inflación -ayudado por la devaluación de diciembre que implementó el Gobierno de Javier Milei-. La prioridad es cubrir salarios, jubilaciones y atender áreas clave como salud y educación. En principio, siempre según las fuentes consultadas, ese incremento no alcanzaría para cubrir la asistencia a las familias vulnerables con las tarjetas alimentarias.
En ese marco, si se cumplen las advertencias, el refuerzo alimentario no se podrá pagar y el grueso de las demandas recaerán sobre las intendencias. Unas municipalidades que, ya afectadas por el recorte y la caída de la coparticipación en términos reales, ahora tendrán que sumar más erogaciones para combatir el hambre.
La Tarjeta Alimentaria contiene básicamente tres programas: Seguridad Alimentaria, Dietas Especiales y el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (este último, el que demanda más dinero).
Actualmente unas 23 mil familias -un total de 55 mil personas- son las que reciben la tarjeta. De ellas, unas 10 mil familias perciben el refuerzo (para sacarlas de la indigencia). El próximo pago previsto de ese refuerzo es del 20 de agosto y, de los 10 mil millones de pesos presupuestados para 2024, ya no hay fondos disponibles, según ha avisado Casa de Gobierno.
Promesas en el bidet
Los intendentes del radicalismo vienen desde hace tres meses suplicado a sus diputados que den quorum, pero en el bloque -si bien puertas adentros muestran disidencias y hasta algunos incluso admiten en voz baja que la situación ya es insostenible y deberían sentarse en sus bancas- han privilegiado sus acuerdos con el Pro y hasta con Comunidad Organizada. De hecho, Juan Carlos Tierno, conductor de CO, la semana pasada se reunió con radicales y habría inclinado la balanza a favor de seguir paralizando la Legislatura: presionó a la UCR con minar cualquier acuerdo hacia adelante, volcar al Pro de su lado y hasta denunciarlos si daban quórum o directamente votaban a favor de la ley.
Según cuentan en el PJ, los radicales prometieron al peronismo que se iban a sentar en sus bancas si retiraban del aporte a los vehículos y los inmuebles. Pero cuando el peronismo cumplió, hubo un giro de la conducción del bloque, terminaron “arrastrados” por la estrategia del Pro y CO y no dieron quorum.
Los diputados radicales más proclives a dar quorum son los de la línea interna Azul. “Definí qué vas a hacer: o priorizás a tus intendentes o a la estrategia electoral de 2025 y 2027…”, le dijo, en los pasillos de la Legislatura, un diputado del peronismo a un legislador radical.
De 17.500 millones a muy poco
Inicialmente el proyecto oficialista contemplaba recaudar en seis meses unos 17.500 millones de pesos. Ahora, con los puntos cedidos por el peronismo, como no incluir los vehículos y los inmuebles de los grandes contribuyentes, podrían sumar alrededor de 11.000 millones (la mayoría aportados por los bancos), según calculan.
En tanto, el proyecto del Pro y de la UCR -sin vehículos, casas ni bancos- solo sumaría unos 3 mil millones, que alcanzaría para dos meses (o menos). Pero con un dato no menor: la mayoría sería del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco) que, en rigor, ya contempla esas partidas. “Sumar al Fodeco implica no incluir nuevos ingresos. En rigor, contempla partidas previstas para obras que pasarán a las intendencias para que, por ejemplo, puedan pagar alquileres o servicios”, explican desde la Legislatura. “Por eso el proyecto de la oposición suma migajas. No sirve…”, agregan.
La presión de los intendentes, clave
La presión de las intendencias hacia los legisladores de la UCR está haciendo mella en el bloque de los boinas blancas, aunque sin lograr -todavía- torcerles el brazo. En las últimas horas, uno de los mensajes que más ruido hizo fue el de la jefa comunal de Intendente Alvear, la radical Agustina García: dijo que la ley que se votaba no era especial -ni inconstitucional- como pretenden imponer los bloques legislativos de la UCR y del Pro. Puso como ejemplo que en 2020, cuando era legisladora, votaron una ley similar en plena pandemia de coronavirus.
Los puntos de acuerdo y lo “innegociable”
¿Cuáles son los acuerdos que hay entre peronismo y oposición por el proyecto del aporte? Incluir al Casino Club; meter dentro de este aporte al Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco), con un 50% para el Ejecutivo y el otro 50% para las municipalidades y comisiones de fomento; retirar del aumento de impuestos al sector inmobiliario y a los vehículos de los grandes contribuyentes; y cobrarles a los funcionarios de mayores ingresos (quedan exceptuados los empleados).
Actualmente son dos los principales argumentos que impiden su aprobación, según han dicho públicamente los opositores:
1- La oposición pide que el aporte sea tratado y aprobado como ley especial -es decir, con mayoría especial, por lo que, de 30 legisladores en una sesión, se requieren 16 votos- de acuerdo al artículo 69 de la Constitución provincial, en tanto que el peronismo se niega.
2- La oposición solicita que las entidades financieras no paguen el aporte. El peronismo, que pretende llevar Ingresos Brutos del 9 al 15%, tiene dos argumentos: que es el sector que más dinero ha ganado en los últimos años y que el Banco de La Pampa -que es la banca con mayor cantidad de clientes en la provincia- se comprometió a no trasladar los costos.
Los radicales -diputados e intendentes, más integrantes de los comités- se reunieron el viernes por la noche en Colonia Barón. Allí hubo acuerdo en que la ley del aporte “debe salir sí o sí”, pero llamativamente metieron la “condición innegociable del artículo 69”, que hace prácticamente inviable esa posibilidad: que sea tratada como una ley especial.
¿Por qué al radicalismo le interesa que sea tratada como una ley especial? De esa manera, quedará un “antecedente” en la Legislatura que permitirá tener un mayor control de los gastos del Gobierno.
En Casa de Gobierno y el bloque del Frejupa (dominado por el PJ) sostienen que el aporte no puede ser tratado como ley especial. En su argumentación, recuerdan que la aprobación de la Ley de Presupuesto no necesita una mayoría especial y que el aporte, en definitiva, es una modificación del presupuesto. Es decir, siguiendo su posición, sería ilógico que se requiera la aprobación del presupuesto por mayoría simple pero la aprobación de cualquier otra norma que implique un gasto, o sea que la modifique, requiera de una mayoría especial. Para la oposición, sin embargo, el aporte es la creación de un nuevo gasto.
