Integrantes de diferentes áreas de la Policía, la Afip, el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Secretaría de Trabajo de La Pampa encabezaron una inspección y detectaron “precarización laboral” y “violación de todas las normas de seguridad e higiene” en la construcción de una megaobra de un criadero de cerdos en el pueblo de Relmo, dijeron fuentes a cargo de la investigación a Diario Textual. Había unas 20 personas, la mayoría de la provincia de Santiago de Estero, en condiciones “muy precarias” en la construcción. La obra, presuntamente a cargo de un arquitecto cordobés, fue clausurada en forma preventiva.
El proyecto está emplazado a unos 3 kilómetros al este del pueblo de Relmo. Está a cargo de una familia vinculada a la actividad agropecuaria en todo el noreste de La Pampa y oeste de Buenos Aires -incluso fueron hace 15 años uno de los principales aportantes en la construcción de un frigorífico en el norte pampeano-, más otros inversores.
Están construyendo una planta de silos y cuatro inmensas naves -cada una de unos 90 metros de largo-, donde alojarán a los cerdos.
La inspección se hizo a partir de una denuncia que llegó a la Dirección de Relaciones Laborales de General Pico, a raíz de un llamativo incremento de robos de animales -incluso de una carneada completa, según llegó a alertar la Sociedad Rural del Departamento Quemú Quemú- en la zona: la sospecha es que, ante la falta suficiente de comida, los empleados de esa obra salían a cazar peludos y hasta robaban terneros y ovejas. Paradójicamente, los empresarios que levantan la planta fueron algunos de las víctimas: en las últimas semanas les robaron un ternero. Los investigadores, ante la sospecha de que los trabajadores podrían estar relacionados en algunos de esos ilícitos, concurrieron al lugar y observaron en qué condiciones vivían. No comprobaron que esos trabajadores fueran los autores, pero vieron en las condiciones precarias en las que se encontraban. Así alertaron a Relaciones Laborales.
Desde ese organismo se organizó la inspección, que se hizo este martes. Además de los inspectores de los organismos nacionales y provinciales, concurrieron delegados del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre) y del gremio de Uatre. Incluso arribaron desde el área de Trata de la Policía: de todas maneras, no se habría configurado el delito de trata (es que, por ejemplo, los trabajadores no se encontraban aislados ni forzados ni engañados).
Gerardo Salvador, director de Inspecciones de Trabajo, dio detalles del operativo a Diario Textual. “En la inspección encontramos a una cuadrilla de 20 trabajadores, que los reemplazaban cada 40 o 45 días. La mayoría son de Santiago del Estero”, contó.
Entre ellos, había un menor de edad: dijo tener 16 años, realizando tareas riesgosas. Por eso se abrió otro expediente.
“Hay numerosas irregularidades. En principio, no había un servicio de seguridad e higiene por lo que una obra de esa magnitud no debería siquiera haber empezado… Carecía de toda medida de seguridad y de higiene: por ejemplo, había riesgo eléctrico y mecánico; no tenían baño, por lo que se observaron agua servidas; vivían en casillas con las ventanas cubiertas con cajas de cartón; era muy precaria la calefacción; y no había condiciones de higiene en un improvisado comedor que se encontraba debajo de una lona”, enumeró. “Tampoco tenían agua potable en bidones, según nos constó”, agregó Salvador a Diario Textual.
¿Configuró trata? “Eso lo deberá determinar el área de Trata de la Policía. Pero, en principio, creemos que no. Porque para que sea trata, la gente debería estar aislada, incomunicada o engañada. Eso no ocurrió. Esto sí es precarización laboral”, expresó el funcionario.
Los dueños, a partir de esta inspección, se comprometieron a trasladar a un grupo de los trabajadores a una casa y al resto a un container acondicionado.
