El Gobierno nacional comunicó el despido del Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, investigado por presunto pedido de coimas.
“El presidente de la Nación tomó la decisión de despedir al interventor”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa.
En la misma línea, aclaró que la decisión responde a la causa por la que se investiga al exfuncionario que había sido designado por el propio libertario en febrero de este año.
“Donde el presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable”, explicó el vocero. “No porque efectivamente sea responsable, sino porque quiere que todo se lleve adelante con total transparencia, así que mientras se aclaren los hechos ha tomado la decisión de despedir”.
En los últimos días, YCRT, la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón.
La empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los US$2.1 millones. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación.
La denuncia la realizó el gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, a raíz de un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited.
En el marco de la investigación, se viralizaron una serie de audios entre los brokers Andrés Gross y Alejandro Salemme, con de Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited.
“Los puse en contacto, dicen que no avanzarán, 2 meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Ponete en mi lugar, no importa con quién hablé ni cómo y menos por teléfono. Si yo no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta. No tengo nada que ver con la empresa, soy un facilitador de negocios. Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre”, se lo escuchó decir a Gross.
“No tengo margen para aportar más contribuciones marginales porque estoy rematando un producto que estoy comprando por obligación, considero que no está en las condiciones óptimas”, planteó, por su parte, Yarke Ariet.
“Nosotros no solemos proceder de esta forma, me llama la atención que una empresa estatal divulgue información a una persona de reventa para que después venga a decirme ‘si no estoy en el negocio esto no se cierra’. Pensémoslo, esto no me parece amigable. Pero la decisión la toma el presidente de mi compañía. Tengo capacidad de veto pero no la voy a usar, quiero ver cómo sacamos el negocio adelante”, concluyó.
En junio de 2024, TEGI Limited, una compañía de capitales israelíes, presentó una oferta formal para adquirir un remanente de carbón que YCRT tenía almacenado en el puerto de Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. La compra de las 30.000 toneladas de carbón, con un precio promedio de US$70 por tonelada, fue vista como una oportunidad para la compañía israelí, que planeaba vender el carbón a países como China e India.
A pesar de que el carbón ofrecido era de baja calidad, con altos niveles de ceniza y en condiciones de combustión, la operación habría significado un alivio para YCRT, que atraviesa una situación crítica. La minera estatal perdió cerca de US$140 millones el último año, cuenta con más de 2.100 empleados y acumula deudas millonarias. Además, su producción mensual ha caído a unas escasas 5.000 toneladas, muy lejos de su capacidad máxima.
El acuerdo propuesto por TEGI no solo buscaba concretar esta compra inicial, sino que también abría la puerta a un contrato a largo plazo que implicaría la compra de hasta 700.000 toneladas de carbón al año, por un valor de más de 100 millones de dólares en dos años.
Cuando todo parecía estar en marcha, un grupo de intermediarios apareció en escena y cambió el rumbo de la negociación. Andrés Gross y Alejandro Salemme, dos brokers que supuestamente estaban colaborando con la compra, habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concretara. Según un audio al que accedió el diario Clarín, los intermediarios exigieron una suma de entre US$20.000 y US$30.000, lo que representa entre el 1% y el 1.5% del valor total de la compra.