Choferes y propietarios de taxis de Santa Rosa se reunieron con concejales y concejalas de la UCR, el PRO y Comunidad Organizada para apurar el proyecto de ordenanza para impedir el funcionamiento de las apps de transporte de personas.
Se trata de un proyecto que se está replicando en todo el país. Ya se presentó en Córdoba capital, Villa María y Carlos Paz, entre otras ciudades, dijeron integrantes del Sipetax y la Cámara de Propietarios de Taxis.
Concretamente, lo que solicitan es que a través de este proyecto se impida el funcionamiento de las aplicaciones como Uber, Didi y Cabify, que promocionan el transporte de personas y no son taxis. ¿De qué forma? A través del Juzgado de Faltas, con controles férreos e impedimento de publicidad de este tipo de servicios.
“Pretendemos tener igualdad porque no pagan nada, evaden, fugan capitales y generan un Estado paralelo porque no se rigen por las normativas locales. Además, generan competencia desleal, y no son más barato”, dijo el secretario general del Sipetax, José Bocalatte.
El proyecto de ordenanza también impulsa la prohibición de la publicidad de las aplicaciones en medios de comunicación locales.
La empresa Uber comenzó a funcionar el pasado 6 de agosto en Santa Rosa. La aplicación se activó en medio de amenazas de sanciones, multas y hasta secuestros de automóviles y motos.
Hasta el momento la Dirección de Tránsito secuestró un solo automóvil que estaba trabajando con Uber: un Fiat Cronos que fue interceptado en Maestros Puntanos y Aconcagua, en cercanías del Hospital Favaloro.
La llegada de Uber a la capital provincial implica que pueden sumarse al servicio conductores en autos particulares, en taxis y hasta en motos. Desde abril de 2016, cuando comenzó a operar en la Argentina, la empresa sostiene que su operatoria es legal de acuerdo con el artículo 1280 del Código Civil y Comercial argentino que refiere a los contratos de transporte “entre privados” (como un servicio de flete o una empresa de traslado).
Pero los taxistas y hasta el propio municipio santarroseño sostienen que es un servicio público de transporte y, por lo tanto, necesita de la autorización y regulación que tienen los demás servicios, por lo tanto no puede operar.
