La senadora nacional Victoria Huala (PRO, La Pampa) ya tomó la decisión de votar en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. “Si tengo que votar, lo haré en contra del veto”, le dijo la dirigente macrista, oriunda de Colonia Barón, a sus allegados, según pudo saber Diario Textual.
De esta manera, “Vicky” Huala -quien en el recinto había optado por abstenerse al momento de tratarse la ley- vuelve a mostrar cierta independencia de criterio con otros dirigentes del PRO y complica los cálculos de los libertarios. Igualmente es una de las dirigentes que estuvo ayer desayunando, con otros senadores, junto a Mauricio Macri.
En tanto, aún no se conoce, al menos públicamente, qué posición tomarán otros dos macristas, los diputados nacionales Martín Maquieyra y Martín Ardohain. Son los dos representantes del Pro por La Pampa que, en el recinto, ya votaron en contra de la ley de financiamiento a las universidades.
Por lo pronto, el presidente Javier Milei sostuvo su promesa y, a pesar de la masiva Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, firmó el veto del proyecto de ley que actualizaba el presupuesto destinado a las universidades públicas. A pesar de esto, el Congreso podrá insistir con la promulgación del texto legislativo si consigue una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras.
La ley de financiamiento de las universidades supone para el Estado una carga fiscal del 0,14% del PIB. La cifra es insignificante, pero ceder a la presión no entra en los cálculos del presidente.
Sin embargo, y a pesar de la decisión de Milei sostenida sobre la idea de mantener el “equilibrio fiscal”, el Congreso tendrá un rol clave y podrá insistir de igual manera con la ley. Luego de la oficialización del veto, el texto legislativo ya se encuentra nuevamente en manos del Poder Legislativo – diputados y senadores – que se preparan para debatirlo nuevamente el próximo miércoles 9 de octubre desde las 11 horas.
Para ser impulsada nuevamente, el proyecto de ley deberá alcanzar una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes en ambas Cámaras. En este caso, la votación será nominal (por si o por no).
En caso de conseguir los apoyos necesarios, el presidente estará obligado a promulgar la legislación, aunque desde el Gobierno anunciaron que no descartan la «judicialización» de la ley. En el escenario contrario, de no juntar la mayoría calificada, el proyecto quedará fuera del circuito parlamentario y no podrá ser tratado nuevamente hasta las sesiones parlamentarias de 2025.
El proyecto de financiamiento fue aprobado el pasado 13 de septiembre. En la Cámara baja, la votación fue reñida y el texto obtuvo la media sanción con 123 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones. En cuanto a Senadores, la ley recibió el apoyo de 57 miembros de la Cámara alta, con 10 en contra y 1 abstención (precisamente, la de Huala).
La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, al establecer nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
El dictamen que se puso a consideración encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) durante ese período.
Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec.