El diputado nacional Martín Maquieyra (Juntos por el Cambio, Pro de La Pampa) avisó este sábado que no está decidido a acompañar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. “Si el Gobierno no dice cómo solucionar el conflicto, no acompañaremos el veto”, manifestó al ser entrevistado en Radio Textual (LU 33).
Maquieyra es, junto al otro pampeano Martín Ardohain, uno de los legisladores que fue considerado por Milei como uno de los “87 héroes” por haber votado en contra de la recomposición de las jubilaciones. Pero ahora, luego de las masivas marchas a favor de las universidades, advirtió que no está dispuesto a seguir los lineamientos de Casa Rosada si no hay cambios en la redistribución de fondos para la educación superior.
Por lo pronto, ya se sabe que desde el Gobierno nacional están analizando propuestas para tratar de contener a los diputados del PRO, que están dudosos en el tratamiento del veto. Los eventuales cambios serían propuestos formalmente en la exposición de los secretarios de Hacienda y Finanzas de Luis Caputo, Pablo Quirno y Carlos Guberman, el martes próximo ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Esa reunión informativa, apuntan en Gobierno, sería clave para convencer a los dudosos 24 horas antes de la sesión que pidieron convocar formalmente para el miércoles la UCR, Unión por la Patria y Encuentro Federal. El presidente del cuerpo, Martín Menem, aún no la llamó formalmente, pero lo haría en las próximas horas, obligado por el reglamento.
El Gobierno ya le adelantó esta oferta al PRO en los últimos días, pero de manera informal y sin mayores detalles. Si se confirma la estrategia, funcionarios nacionales les darían los números finos a los socios en la mesa de coordinación que se hace todos los lunes por la mañana (aunque esta vez podría pasarse para la tarde por cuestiones de agenda).
Maquieyra, al ser entrevistado hoy, dijo que está esperando la respuesta de Casa Rosada. “Nosotros le estamos pidiendo al gobierno una salida a este conflicto. En rigor, lo venimos pidiendo desde que esta ley se empezó a debatir. En este proyecto había, en su momento, tres dictámenes. Nosotros teníamos uno de ellos, donde le planteamos al gobierno de dónde sacar los recursos. La actual ley no tiene el detalle de dónde sacar los recursos, con lo cual consideramos que no es bueno dictar leyes que vayan, por un lado, en contra del acuerdo fiscal y, por otro lado, que no digan de dónde van a sacar los recursos. Pero más allá de eso, en este nuevo round que viene el veto del presidente del Congreso, lo que nosotros consideramos es que hay que salir de esta situación, que comenzó como una discusión salarial. Primero por la discusión ya saldada en cuanto al funcionamiento de las universidades, que en su momento no contaban con los fondos para lo que es el funcionamiento. Y en esta segunda parte se partió de una discusión salarial que no se llegaba a acordar… Con lo cual, si el Gobierno no nos plantea cómo va a encauzar la discusión, nosotros no vamos a acompañar esa insistencia en el veto. Por eso estamos dándole la posibilidad de que lo intente resolver, más allá de seguir escalando el conflicto. La única forma de salir de esto es el diálogo.
– Esto tiene que ser en las próximas horas, porque el miércoles lo tratarían en sesión.
– Sí, el miércoles se trataría en sesión. Nosotros estamos solicitando toda esa información y esas medidas para el lunes. Tendremos reunión de bloque el martes, donde definiremos ahí cómo va a votar el PRO. Pero insisto, si no hay una salida, más allá de que se resista o no el veto, el conflicto va a seguir, con lo cual termina siendo anecdótico que el veto pase o no pase en la Cámara si no resuelve el conflicto.
-¿Y la propuesta de ustedes de dónde era obtener los recursos para esa recomposición salarial?
-Planteábamos que había algunas cuestiones que el gobierno podía dejar de erogar. Parte de lo que ya se venía haciendo con obra pública y transferencias a las provincias, pero también le damos la posibilidad al gobierno de redefinir y redireccionar fondos.
– ¿Provenientes de dónde?
-Desde obras públicas, como decía, y transferencias a provincias no automáticas.
– Para que quede claro: hasta ahora la decisión tuya sería no avalar el veto.
– No, nosotros lo vamos a discutir el martes, para tomar una decisión como bloque. Porque si el gobierno no nos plantea cuál es la solución a este conflicto y cómo lo va a resolver y cómo va a paliar no sólo el funcionamiento de la universidad el año que viene, sino también este año, es muy difícil que nosotros acompañemos.
– ¿Pensás que de parte del Gobierno va a haber alguna propuesta?
– Esperemos que sí. El conflicto del funcionamiento lo solucionaron, luego de una marcha, con lo cual en esto creo que tienen otra oportunidad.
En la semana, el presidente Javier Milei sostuvo su promesa y, a pesar de la masiva Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, firmó el veto del proyecto de ley que actualizaba el presupuesto destinado a las universidades públicas. A pesar de esto, el Congreso podrá insistir con la promulgación del texto legislativo si consigue una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras.
La ley de financiamiento de las universidades supone para el Estado una carga fiscal del 0,14% del PIB. La cifra es insignificante, pero ceder a la presión no entra en los cálculos del presidente.
Sin embargo, y a pesar de la decisión de Milei sostenida sobre la idea de mantener el “equilibrio fiscal”, el Congreso tendrá un rol clave y podrá insistir de igual manera con la ley. Luego de la oficialización del veto, el texto legislativo ya se encuentra nuevamente en manos del Poder Legislativo – diputados y senadores – que se preparan para debatirlo nuevamente el próximo miércoles 9 de octubre desde las 11 horas.
Para ser impulsada nuevamente, el proyecto de ley deberá alcanzar una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes en ambas Cámaras. En este caso, la votación será nominal (por si o por no).
En caso de conseguir los apoyos necesarios, el presidente estará obligado a promulgar la legislación, aunque desde el Gobierno anunciaron que no descartan la «judicialización» de la ley. En el escenario contrario, de no juntar la mayoría calificada, el proyecto quedará fuera del circuito parlamentario y no podrá ser tratado nuevamente hasta las sesiones parlamentarias de 2025.
El proyecto de financiamiento fue aprobado el pasado 13 de septiembre. En la Cámara baja, la votación fue reñida y el texto obtuvo la media sanción con 123 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones. En cuanto a Senadores, la ley recibió el apoyo de 57 miembros de la Cámara alta, con 10 en contra y 1 abstención (precisamente, la de Huala).
La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, al establecer nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
El dictamen que se puso a consideración encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) durante ese período.
Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec.