Estudiantes que este lunes volvieron a tomar el edificio central de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en repudio a la ratificación legislativa al veto de Javier Milei al financiamiento universitario, llamaron a la comunidad a sumarse y apoyar el reclamo porque “está en riesgo el futuro de todos y todas”. Aseveraron que la toma de la universidad es “pacífica y apartidaria”.
Los y las estudiantes que integran el Frente de Resistencia Estudiantil brindaron una conferencia de prensa este lunes luego de tomar nuevamente la sede central de la UNLPam -donde se encuentra el Rectorado y se dictan las carreras de las facultades de Humanas y de Ciencias Económicas y Jurídicas- y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Por la noche de este lunes, además, tomaron el Centro Universitario de General Pico.
Dijeron que en una asamblea interclaustros van a planificar medidas de lucha y visibilización. Reclamaron que la comunidad se sume a la lucha universitaria porque “está en riesgo el futuro de todas y todos” en el país. “Luchar, debatir y estudiar”, pidieron. “¿Plata hay, pero para quién?”, plantearon.
También repudiaron a los diputados Martín Ardohain y Martín Maquieyra, del Prom, quienes votaron por la ratificación del veto de Milei.
“Ellos decidieron esconderse y no dar la cara”, dijeron, y aclararon que Ardohain nunca fue agredido en el aeropuerto local.
El siguiente es el comunicado que distribuyeron los y las estudiantes del Frente de Resistencia Estudiantil:
“Las y los estudiantes de las diversas facultades que conforman la Universidad Nacional de La Pampa hemos decidido llevar a cabo la toma de la sede central de Santa Rosa (Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y Facultad de Ciencias Humanas), la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta medida fue votada en asamblea el pasado jueves 10 de octubre.
Como es de público conocimiento, el día sábado el presidente Javier Milei, durante su discurso en el ex CCK, expresó una serie de afirmaciones falsas acerca de la universidad pública.
En primer lugar, queremos desmentir que “los pobres no van a las universidades”. Según datos del INDEC, el 48% de las y los estudiantes inscriptos este año se encuentran por debajo de la línea de pobreza y pertenecemos a la clase trabajadora. A nivel nacional, el 68% tienen madres y padres que no fueron a la universidad, es decir, son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior. En La Pampa, esta cifra asciende al 77%.
Otra mentira es que “no se audita lo que las universidades gastan”. Por el contrario, las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas. Tienen auditorías internas y externas del Congreso de la Nación y son evaluadas por la gestión propia y externa de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Todos los meses se entrega al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto. Sin embargo, se hizo público que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, no conformó la comisión de auditoría. Por lo que queda claro que el problema no son las auditorías (que se hacen todo el tiempo) sino la decisión de instalar en el imaginario colectivo una imagen negativa de la universidad pública.
La tercera falacia mencionada por el presidente es que “las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos”. En realidad, el presupuesto universitario no se asigna en función de la cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
También queremos desmentir que “la ley de financiamiento universitario atenta contra el equilibrio fiscal”. Esta ley, vetada el pasado miércoles en el Congreso, representa sólo el 0,14% del PBI. Mientras que, a partir de la medida que tomó el gobierno de disminuir la alícuota del Impuesto a Bienes Personales, el país deja de percibir el 0,30% del PBI. Es decir, que se desfinancia la educación pública al mismo tiempo que se favorece a las 10.000 familias más ricas de Argentina.
Otra mentira es que “los salarios universitarios están por encima de los sueldos de la administración pública”. Sin embargo, las y los trabajadores perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023. La pérdida de poder adquisitivo de los/as trabajadores/as de la universidad supera el 30%.
Por último, queremos dejar en claro que la educación pública es un derecho adquirido y un derecho humano, por lo que el Estado debe garantizar el acceso al conocimiento para todas y todos. Esta toma no es en contra de las autoridades universitarias, ni mucho menos en contra de nuestras/os compañeras/os, sino que es la medida que encontramos ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional. Se trata, nuevamente, de una toma pacífica y apartidaria, en defensa de la universidad pública, gratuita, laica, inclusiva, federal y de calidad. Por esto, llamamos a asamblea interclaustro con el objetivo de construir consensos y planificar las próximas medidas de lucha y visibilización (clases públicas, grupos de estudio, etc.) en pos de ser escuchadas/os sin restarle importancia a la continuidad de nuestra cursada. Reiteramos la invitación a todas y todos nuestros compañeras y compañeros a que se sumen a la lucha, a debatir y a estudiar. Porque sin educación pública no hay futuro. Por eso la defendemos entre todas/os.
Entonces, nos preguntamos: plata hay, pero ¿para quién?”