La concejala Fabiana Castañiera (Comunidad Organizada) presentó este lunes un amparo judicial para intentar frenar la exigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Rosa, que rige desde hace dos semanas.
Según dijo en un parte de prensa, presentó una acción de clase para representar en su accionar a la comunidad, relacionada al pedido de medida cautelar por el que se solicita la suspensión de la aplicación de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Rosa. Esta medida, dijo, es sin perjuicio del objeto principal de la acción de amparo que se pide por la nulidad total de la ordenanza, a través de la que se aplica la RTO en la capital pampeana.
La edila de Comunidad Organizada informó que presentó ante el Poder Judicial Provincial, por medio de la Ley Provincial de Amparo N° 703, la acción por la violación de la libertad de tránsito de circular libremente acorde a las leyes que reglamentan su ejercicio, “como así también al derecho de propiedad ya que por la ordenanza que intenta imponer la revisión técnica vehicular del Sr. (Luciano) di Nápoli y su grupo político en Santa Rosa”, explicó.
El pedido se funda en el Sistema Nacional de Seguridad Vial que se aplica en La Pampa a través de la Ley Provincial N° 1713, donde expresamente determina que la revisión técnica de vehículos solo se puede realizar con normativa provincial específicamente a partir de la previa intervención del Consejo Provincial de Tránsito que es el encargado de coordinar las acciones de tránsito en toda la provincia.
Castañiera recordó que el sistema nacional pregona el principio fundamental de unidad normativa en todo el territorio. “Esto mismo fue expresado cuando en el concejo deliberante se impuso la ordenanza para aprobar la revisión técnica la cual no tiene al día de hoy. No solo incumple con la atribución indebida de la competencia que es netamente provincial, sino que no se encuentra convalidado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mucho menos pueden ser legítimas las obleas y los certificados que se están entregando, con lo cual es un conjunto de ilegalidades producidas por el Gobierno utilizando la institucionalidad municipal”, dijo la concejala.
