La Comisión de Enlace de Asociaciones Rurales de La Pampa le pidió al gobernador Sergio Ziliotto una audiencia para hablar de la Ley de Plaguicidas, aprobada en la Legislatura en 2020 y cuya reglamentación es inminente. “Pedimos la derogación o la suspensión. Así como está no nos sirve. Queremos trabajar en una ley con todos los actores e intercambiando ideas”, dijo a Diario Textual el vicepresidente de la Asociación Agrícola de La Pampa, Marcelo Rodríguez.
Este miércoles, los ruralistas se reunieron en Toay con diputados y diputadas provinciales donde se trataron diversas problemáticas -seguridad, caminos vecinales, emergencia, entre otros puntos- pero lo más destacado fue la reglamentación de la Ley de Plaguicidas para el manejo integral de los agroquímicos.
En ese encuentro estuvieron presentes el presidente del bloque del Frejupa, Espartaco Marín; los representantes del bloque del PRO-MID, Laura Trapaglia y Enrique Juan; Hipólito Altolaguirre y Javier Torroba por la UCR; y Sandra Fonseca y Mariano Farías de Comunidad Organizada.
“El lunes le hicimos por nota un pedido de audiencia al gobernador y estamos a la espera. Y el miércoles nos reunimos con legisladores y legisladoras para imponerlos de nuestra preocupación central que pasa por la reglamentación de la ley (de Plaguicidas)”, comentó Rodríguez.
“Nuestra preocupación es que encontramos muchas inconsistencias y lo que más nos preocupa es que llevarla a la práctica es imposible. No nos oponemos a que controlen, queremos seguir produciendo y no está en discusión el tema del medioambiente”, dijo.
Se quejó de la poca o nula participación que tuvo el sector rural cuando se elaboró la ley. “Cuando se trabajó participamos exponiendo nuestras propuestas y de lo que ofrecimos no tomaron ni una coma. Entonces me parece que esta ley arrancó mal de movida”, dijo.
“Lo que pretendemos es juntarnos con todos los actores para que salga una ley que se pueda utilizar en la práctica. Porque una cosa es hacer una ley en un lugar sin ventana y otra es llevarla a la práctica”, sostuvo.
¿Cuáles son las inconsistencias que encuentran en la ley? “Son infinitas: en una de las partes dice que si hay una inspección y el campo está cerrado o no hay nadie implica un apercibimiento. El tema es que durante la semana y fin de semana los campos están cerrados por cuestiones de seguridad. Entonces lo que decimos es que eso debe coordinarse”, puso como ejemplo.
“Otro problema que vemos es que le otorgan el poder de policía a las municipalidades y en la primera reunión que tuvimos no las habían convocado. El tema es que cada municipalidad es autónoma y cada una tiene su forma de aplicación, entonces un mismo aplicador tiene normas en el ejido de Quemú Quemú y otras en General Pico y eso dificulta el trabajo”, planteó.
“Además -agregó- tiene una carga burocrática que perjudica a pequeños y medianos productores. Lo concreto es que como está, no nos sirve. Entonces veamos cómo le buscamos la vuelta: si es una derogación o una suspensión y trabajar en una ley con todos los actores para intercambiar ideas”, propuso.
Rodríguez dijo que los legisladores que participaron de la reunión en la Asociación Rural de Toay “tomaron el compromiso” de interceder ante el Poder Ejecutivo para llevar los planteos de los ruralistas, mientras se aguarda la respuesta al pedido de audiencia a Ziliotto.
Ley de Gestión Integral de Plaguicidas fue elaborada por el Gobierno provincial y aprobada por la Legislatura en 2020. Entre otros puntos, establece una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros.
En su momento, la distancia de la veda de pulverización fue uno de los puntos que más cuestionaron desde los bloques legislativos opositores: pidieron acortar esos metros, a tono con el reclamo de las asociaciones de productores agropecuarios.
Otros puntos de la ley que los productores denuncian como más conflictivos son la obligatoriedad de todos los actores a inscribirse en registros, sobre los cuales se cobrarán tasas de inscripción; la necesidad de presentar recetas de compra para obtener productos, que deben ser archivadas por cinco años y que pueden ser consultados por las autoridades en cualquier momento; la obligatoriedad de contar con un asesor técnico, de declarar los productores que se adquieras fuera de la provincia, de georreferenciar todos los lotes previo a la aplicación; y de verificar todos los equipos de forma anual.