Autoridades de 21 colegios de abogados de todo el país se reunieron en la ciudad de Buenos Aires para analizar los “perjuicios sociales a la ciudadanía” de los proyectos de ley de Divorcio Administrativo -conocido como “divorcio exprés”- y sucesiones notariales presentados por el Gobierno nacional. Participó en representación del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, la presidente Susana Gemignani.
El objetivo del encuentro fue coordinar acciones para concientizar sobre los riesgos y la pérdida de derechos que significan estas medidas. Las autoridades manifestaron que la intención de eliminar la intervención de la Justicia y el asesoramiento de un abogado de confianza en estos temas deja a la ciudadanía desprotegida.
“Sin la intervención judicial, ¿quién velará por los derechos de las personas? Un divorcio administrativo puede vulnerar los derechos de los hijos menores, ignorar situaciones de violencia, y omitir aspectos cruciales como la compensación económica o la determinación de la cuota alimentaria. Exhortamos a los legisladores al rechazo del proyecto garantizando así la defensa de los derechos de los más vulnerables”, indicaron en un comunicado.
“Es fundamental proteger los derechos de todos los ciudadanos y garantizar un proceso justo y equitativo en situaciones tan delicadas como el divorcio”, explicaron las autoridades.
Este mes, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación para habilitar un nuevo trámite de divorcio que, a diferencia de lo que ocurre actualmente, no exige a las partes realizar un juicio. Si prospera la iniciativa, los cónyuges podrán presentarse ante el Registro Civil correspondiente al último domicilio conyugal para solicitar el divorcio, sin la necesidad de intervención de un abogado. El proyecto del Gobierno propone el divorcio en sede administrativa y equipara sus efectos al divorcio declarado en sede judicial.
