En provincia de Buenos Aires la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que obliga a todos los vehículos de esa provincia a someterse a una revisión periódica de seguridad, podría llegar a su fin. Un grupo de senadores del PRO bonaerense propuso un proyecto de ley para eliminar este trámite, argumentando que no contribuye de forma significativa a la prevención de accidentes viales. En Santa Rosa la medida rige desde el 1 de octubre y generó una fuerte polémica, a tal punto que la oposición fue a la Justicia para frenar su implementación.
Los senadores bonaerenses Aldana Ahumada, Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón Brown cuestionaron la eficacia de la VTV en la reducción de siniestros en las rutas. Según el documento, la gran mayoría de los accidentes no se deben a fallas mecánicas, sino a factores como el exceso de velocidad, la imprudencia y el consumo de alcohol.
Ahumada afirmó que los estudios sugieren que las fallas técnicas representan menos del 1% de los accidentes en Argentina, una cifra que, a su juicio, no justifica la existencia de la VTV como una obligación.
En lugar de la VTV obligatoria, el proyecto sugiere que las revisiones técnicas sean reguladas exclusivamente por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito, dejando el control en manos de concesionarias oficiales, importadores y talleres habilitados.
Frente a esta iniciativa, el gobierno de Axel Kicillof defendió la importancia de la VTV en la seguridad vial de la provincia. Durante una reciente conferencia, Carlos Blanco, ministro de Gobierno de Buenos Aires, manifestó que el sistema de revisión técnica vehicular fue fundamental durante los últimos 20 años para garantizar que los vehículos que circulan estén en condiciones óptimas.
El incremento del 60% en el costo de la VTV que se oficializó en octubre fue un punto clave en el debate. Este aumento, que se acumula con subas anteriores hasta alcanzar un 296% en solo diez meses, motivó críticas no solo de legisladores, sino también de conductores que consideran que el trámite se volvió una carga económica sin justificación.
Para los autores del proyecto, estos aumentos agravan aún más la necesidad de una revisión de la normativa vigente y refuerzan el argumento de que la VTV representa una medida burocrática más que una solución eficaz a los problemas de seguridad vial.
