Hay otro frente de conflicto en el Gobierno de Sergio Ziliotto: se reavivó, con fuerza, el debate por la Ley Integral de Plaguicidas. Este martes, en la reunión del consejo consultivo para discutir cómo poner en marcha la legislación, los ruralistas pegaron el portazo y se retiraron del encuentro: en un intento de generar un efecto mediático, dijeron que la norma “atenta contra la propiedad privada” y “criminaliza” a los ruralistas, por lo que pidieron al Ejecutivo derogarla totalmente. El detalle a tener en cuenta es que en La Pampa no se están derogando leyes por decreto, por lo que, en todo caso, quien debería hacerlo es la Legislatura.
La convocatoria fue realizada desde el Ministerio de la Producción, luego de que la Comisión de Enlace de Asociaciones Rurales de La Pampa le pidiera al gobernador Sergio Ziliotto una audiencia para solicitarle la derogación o suspensión de la norma por considerar que posee muchas “inconsistencias” que la hacen “inviable” para su aplicación.
Los ruralistas y aplicadores se empezaron a inquietar cuando conocieron el borrador de la reglamentación. Antes del encuentro, la ministra de la Producción, Fernanda González, dijo a la prensa que no darán marcha atrás con la ley, aunque pretenden consensuar su reglamentación. “En este encuentro tenemos que seguir hablando y trabajando con el decreto reglamentario de la Ley Integral de Plaguicidas”, expresó.
“Sabemos -dijo la ministra González- que el uso de plaguicidas en la actividad agrícola es muy importante. En eso creo que coincidimos todos. Para la agricultura y también para aquellos cultivos que tienen que ver con la ganadería. Pero también tenemos que buscar un marco para armonizar todo. El uso de los plaguicidas, de acuerdo a su nivel de toxicidad, puede afectar no solo la salud humana, sino la ambiental y sino también la producción. Estamos hablando de malas prácticas, pero también tenemos que armonizar este uso sustentable entre la producción, el ambiente y la salud”, resaltó. “Es una gran responsabilidad que tenemos todos los que estamos presentes hoy porque le tenemos que dar respuesta a la sociedad que nos está interpelando sobre el uso de plaguicidas en la actividad que pueden afectar a la población. Es un trabajo que nos va a llevar tiempo, que tenemos que articular entre municipios, entre los productores, entre los profesionales, entre los colegios médicos, entre los colegios de agrónomos, facultades”, resaltó.
“Nosotros elaboramos un borrador para dar inicio a este debate. Pero hoy la instancia no es modificar la ley, sino que la instancia es ponerla en marcha”, dijo la ministra.
El documento
La comisión ruralista la integran Carbap, Crea, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa y la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios. “Declaramos un firme rechazo a la implementación de la ley 2282 por los graves perjuicios que provocará a la producción agropecuaria pampeana y por sus defectos de origen”, dijeron en un documento que leyeron en el encuentro.
“En su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fructuoso trabajo realizado para la actualización de la ley 213, en la que participaron referentes de entidades públicas y privadas”, expresaron.
“Durante su tratamiento legislativo, se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, lo que incluyeron serios y fundados argumentos”, dijeron. “La falta de aporte técnico en su evaluación y tratamiento hace que, al día de hoy, la ley 2288 ya esté desactualizada y contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos”.
“En segundo lugar, se rechaza también por el tratamiento del borrador de la implementación de la ley 2288 por los siguientes temas: incrementar hasta lo imposible la carga burocrática innecesariamente; atentar contra el derecho de la propiedad privada que está amparado por la Constitución nacional y provincial; criminalizar la actividad agropecuaria; Impactar fuertemente en los productores agropecuarios, muy especialmente en los de menor infraestructura agroindustrial”, agregaron.
“Por todo lo manifestado, las entidades firmantes rechazan el tratamiento de la implementación. Advierten acerca de las serias consecuencias de insistir en su implementación y solicitan la derogación de la ley 3288. Y se compromete, como lo hemos hecho cada vez que se convocó, a trabajar en una nueva ley que cuide la salud, el ambiente y la producción de nuestra querida provincia”, finalizaron.
La ley
La Legislatura aprobó el 30 de noviembre de 2020, por mayoría con el voto del oficialismo y aliados, la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que, entre otros puntos, establece la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros. En su momento, la distancia de la veda de pulverización fue uno de los puntos que más cuestionaron desde los bloques legislativos opositores: pidieron acortar esos metros, a tono con el reclamo de las asociaciones de productores agropecuarios. La norma finalmente fue aprobada, pero, cuando han pasado ya casi cuatro años, todavía no fue reglamentada, por lo que no entró en plena vigencia.
En los últimos días, dirigentes rurales pidieron suspender la reglamentación o llamar a una nueva discusión de la ley. En tanto, otros actores, como ONG’s ambientalistas, solicitaron avanzar con la implementación de la nueva legislación.
La ley fue impulsada, principalmente, por el Gobierno provincial. Según se dijo en su momento, busca “armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano y equilibrado” en La Pampa.
El Ejecutivo admitió que “impactará” en las prácticas en los campos, dijo que pese a las mayores restricciones no habrá caídas de rindes de cosechas y aseguró que, así, se “cuidará mejor” el medio ambiente y la salud de los productores rurales y de los habitantes de los pueblos.
Los ruralistas, por lo pronto, se quejaron de la “poca o nula” participación que tuvieron cuando se elaboró la ley. Y estallaron recientemente, cuando conocieron el borrador de la reglamentación.
¿Cuáles son las inconsistencias que encuentran en el borrador de la reglamentación de la ley? Entre otros puntos, se indica que si hay una inspección y el campo está cerrado o no hay nadie, podrán apercibir al productor rural. El tema radica que generalmente durante la semana y el fin de semana los campos los están cerrados por cuestiones de seguridad.
También cuestionan que le otorgan el poder de policía a las municipalidades. El tema es que cada municipalidad es autónoma y cada una tiene su forma de aplicación. Así, por ejemplo, un mismo aplicador tendrá normas diferentes si trabaja en el ejido de Quemú Quemú o de General Pico.
Hay sectores del ruralismo y de aplicadores que critican la obligatoriedad de todos los actores a inscribirse en registros, sobre los cuales se cobrarán tasas de inscripción; la necesidad de presentar recetas de compra para obtener productos, que deben ser archivadas por cinco años y que pueden ser consultados por las autoridades en cualquier momento; la obligatoriedad de contar con un asesor técnico, de declarar los productores que se adquieras fuera de la provincia, de georreferenciar todos los lotes previo a la aplicación; y de verificar todos los equipos de forma anual.
Otro punto llamativo es que, con esta normativa, ya no solo deberán entregarse en los Centros de Acopio Transitorio (CTA) los bidones de fitosanitarios, sino también el plástico o papel correspondiente a la etiqueta, la tapa del envase, el aluminio o material que se emplee para su sellado, y todo lo correspondiente a su embalaje.
A eso se sumará que su almacenamiento temporal por parte del usuario o aplicador en el campo, antes de su envío al CAT, deberá ser obligatoriamente bajo techo.