El Colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos convocó para este jueves a las 19, en Irigoyen 469 (Santa Rosa), a una reunión para definir acciones en defensa de la Ley de Plaguicidas. Lo hizo luego de que Diario Textual revelara que por presión de ruralistas, el Gobierno arma una mesa para negociar cómo aplicar la norma.
“La idea es organizarnos para evitar que deroguen la ley y defender su plena vigencia. Ha sido un avance importante para proteger la salud, el medio ambiente y la tierra pampeana y si la derogan sería una retroceso”, dijo el vocero del colectivo, Carlos Ortellado.
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó el 30 de noviembre de 2020, por mayoría con el voto del oficialismo y aliados, la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que, entre otros puntos, establece la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros.
Ya han pasado casi cuatro años y todavía no fue reglamentada, por lo que no entró en plena vigencia.
En los últimos días, dirigentes rurales pidieron suspender la reglamentación o llamar a una nueva discusión de la ley. En tanto, otros actores, como ONG’s ambientalistas, solicitaron avanzar con la implementación de la nueva legislación y que se respete lo que se acordó en su momento en la Legislatura.
La ley fue impulsada, principalmente, por el Gobierno provincial. Según se dijo en su momento, busca “armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano y equilibrado” en La Pampa.
El Ejecutivo admitió que “impactará” en las prácticas en los campos, dijo que pese a las mayores restricciones no habrá caídas de rindes de cosechas y aseguró que, así, se “cuidará mejor” el medio ambiente y la salud de los productores rurales y de los habitantes de los pueblos.
Los ruralistas, por lo pronto, se quejaron de la “poca o nula” participación que tuvieron cuando se elaboró la ley. Y estallaron recientemente, cuando conocieron el borrador de la reglamentación. Por eso empezaron a presionar para frenarla.