El gobernador Sergio Ziliotto ya tiene en su despacho dos pedidos de audiencia en medio del debate público sobre la aplicación de la Ley Integral de Plaguicidas, aprobada en 2020. Una nota lleva la firma de dirigentes de entidades rurales, que directamente están solicitando la derogación de la norma, y otro escrito está refrendado por integrantes de organizaciones sociales y ambientalistas que reclaman la reglamentación para ponerla en práctica y proteger a los pueblos de las pulverizaciones.
Ayer, por lo pronto, el Gobierno provincial confirmó que la intención es avanzar con la reglamentación, aunque insistió en la necesidad de acordar y dialogar. La ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González, dijo a Diario Textual que le “sorprendió” la actitud de los productores rurales que pegaron el portazo y ratificó la intención de “armonizar intereses” para que salga el decreto con la reglamentación de la Ley Integral de Plaguicidas que busca controlar el uso de agroquímicos en toda la provincia, fundamentalmente en el área periurbana. De esta manera, confirmó que no está en los planes de Casa de Gobierno impulsar la derogación de la ley en la Legislatura para arrancar de cero con el debate. En ese marco, sostuvo que invitó nuevamente a los dirigentes agropecuarios a un encuentro. Los ruralistas, por lo pronto, respondieron que quieren reunirse con el gobernador.
La ministra, además, confirmó que ONG’s ambientalistas, frente al avance de los ruralistas, solicitaron que la ley se reglamente en forma inmediata. Ese pedido está impulsado, entre otros, por integrantes de la Fundación Chadilelvú (Fuchad), el Centro de Salud Obreros de la Construcción, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la agrupación La Pampa Libre de Agrotóxicos.
La Legislatura aprobó el 30 de noviembre de 2020, por mayoría con el voto del oficialismo y aliados, la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que, entre otros puntos, establece la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros. En su momento, la distancia de la veda de pulverización fue uno de los puntos que más cuestionaron desde los bloques legislativos opositores: pidieron acortar esos metros, a tono con el reclamo de las asociaciones de productores agropecuarios.
Finalmente la ley fue aprobada y promulgada. Y en las últimas semanas se empezó a reunir el consejo consultivo para reglamentar la norma. El último encuentro fue el martes. Allí, los productores rurales y las cámaras de aplicadores pidieron, directamente, derogar la norma porque, según sostuvieron, “perjudica” y “burocratiza” a la producción y “criminaliza” a los ruralistas: se quejaron, por ejemplo, que previo a una aplicación todos los actores involucrados deberán inscribirse en diversos registros, será obligatorio presentar un diagnóstico previo, hacer recetas de compra y de aplicación, y efectuar un cierre de dicha tarea. Además, entre otros tantos puntos cuestionados, otorga la facultad al Estado, a través de las autoridades de aplicación, de ingresar a las propiedades privadas de los productores.
Luego de leer un documento con los cuestionamientos a la ley, los ruralistas se retiraron del encuentro del consejo consultivo. Luego, intentaron justificar su negativa a debatir la reglamentación porque no los “escuchan” desde el Gobierno.
“Vengo de la actividad agropecuaria y la verdad que, sinceramente, me sorprendí”, dijo la ministra González sobre la actitud de los ruralistas de patear el tablero. “Además, desde el Gobierno consideramos que es una actividad muy importante para la provincia, por lo que siempre, desde el gobernador Sergio Ziliotto al resto de los funcionarios, fomentamos el diálogo y acompañamos al sector agropecuario. Entonces, cuando vemos o leemos las declaraciones en los medios, diciendo que uno está ‘condenando la actividad’, hay que decir que estamos lejos de esa realidad”, resaltó.
La ministra abrió las puertas a que, una vez reglamentada, incluso la legislación podría eventualmente ser modificada. “Desde su sanción se ha avanzado la tecnología, por ejemplo, con la irrupción de los drones, y quizás en algún momento la podamos rever. Pero en esta instancia tenemos que sacar un decreto reglamentario, y qué mejor que hacerlo en forma consensuada, y también aceptando las disidencias, porque es algo que no es solamente para el sector productivo: debemos tener una producción sostenible, articulando la salud y el ambiente.
“Estamos lejos de intentar perjudicar al sector”, respondió a este sector de los ruralistas. “Todo lo contrario. Yo creo que se van a poner en marcha herramientas muy importantes que van a respaldar su actividad y que van a profesionalizar lo que se está haciendo. Tampoco se está impidiendo nada, la ley habla de aplicaciones con solicitud de excepciones para las aplicaciones terrestres en los primeros 500 metros y los 3000 metros en las aéreas. Entonces, cuando hablamos de las zonas de restricción, las autoridades de aplicación pueden autorizar las excepciones, que es lo que se viene haciendo hasta ahora”, aclaró.
Dijo que, una vez que se reglamente, se trabajará fundamentalmente con los municipios para elaborar estrategias de implementación de la normativa. “Pretendemos hacer un trabajo fino en territorio, acompañando a los intendentes. Junto al Ministerio de Conectividad desarrollamos un sistema de trazabilidad que permite se vuelva ágil y realizable algunas cuestiones que ya estaban planteadas en la normativa anterior, queremos probar el sistema para que funcione”, expresó.
“La idea es hacer un trabajo articulado entre los colegios profesionales, las facultades y los municipios y los actores del sector productivo. Para mí, el rol del municipio es fundamental, y queremos tomar nuestro tiempo para trabajar sobre eso, y también trabajar sobre aquellos profesionales que van a estar a cargo de manejar el sistema. Va a ser todo digitalizado, porque el productor en definitiva no es el que tiene que hacer un trámite”, sostuvo.
“Esta ley lleva a ordenar algunas cuestiones. Hoy nuestra provincia no tiene trazabilidad de los agroquímicos, entonces no sabemos qué se está utilizando y en qué cantidad. La ley viene a ordenar ese punto, por ejemplo”, sostuvo González.
Resaltó que, a diferencia de las entidades agrarias, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria hicieron aportes al borrador de la reglamentación. “Todos hicieron aportes, pero el sector de las cuatro entidades, no. Ellos solamente plantearon su negativa y se retiraron. Me parece que no es necesario en nuestra provincia tan chica, donde nosotros tenemos trato casi personalizado con todo el mundo, tener esa actitud. Me parece que acá no es ver quién tiene más poder… Creo que tenemos que en algún momento dejar lo político de lado y poder lograr trabajar y sostener el intercambio y aceptar también la disidencia”, dijo. “Y para mí es fundamental que el sector agropecuario sea parte de esto. No quiero que quede afuera”.
“Confío en que vamos a poder llevar adelante este decreto (de reglamentación) con el acompañamiento de ellos y también del resto de los integrantes del consejo consultivo”, insistió la ministra.
-¿Cree que hay influencias políticas partidarias en esta decisión de los ruralistas? – consultó Diario Textual.
– No lo puedo afirmar. Me sorprende que intenten comunicar que estamos “condenando” la actividad. Lo mismo que han hecho algunos diputados de la oposición.
-¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Hay otra reunión prevista en el consejo consultivo?
-Cuando terminó la reunión del martes, acordamos evaluar las recomendaciones para pasarlas en limpio y volver a analizarlas. No hay por el momento fecha para el próximo encuentro.
-¿Convocaron nuevamente a las cuatro entidades ruralistas?
-A mí me interesa mucho escuchar la opinión de las cuatro entidades. Si hay algo que se pueda cambiar, por supuesto lo vamos a tener en cuenta. Yo les hice una invitación para la semana que viene, pero ellos quieren que lo reciba el señor gobernador, así que vamos a tratar de ver si se puede lograr algún tipo de reunión.
–¿Qué le dice al resto de la sociedad?
-Esta ley se aprobó y nosotros tenemos la obligación de reglamentarla. Debemos dar respuesta no solamente al sector productivo: tenemos que darle respuesta a toda la sociedad. Hay otras organizaciones que están vinculadas a lo ambiental que nos están cuestionando también porque no tenemos un decreto. Lo que hace la ley es armonizar intereses, en un marco normativo, que lleva tranquilidad a la población sobre todo lo que tiene que ver con profesionalizar la actividad.
-¿Cómo funciona hoy la ley, sin reglamentar?
–Hay localidades que ya están trabajando bastante bien, que pretendemos usarlas como modelo. Hoy las excepciones (de aplicación de agroquímicos) se solicitan a la municipalidad. Si el intendente, con el técnico que tiene la municipalidad, está de acuerdo, la presenta la autoridad de aplicación y en menos de 72 horas tiene el autorizado. Esto se hace todo online.
-Los ruralistas precisamente reclamaron que se hagan los trámites en forma online.
–Muchas veces se hablan desde el desconocimiento. Por ejemplo, también, cuando hablan de que se intenta criminalizar la actividad agropecuaria. Al contrario. Tenemos que ser serios y anticiparnos a un montón de cosas. Por ejemplo, a empezar a tener la trazabilidad de lo que hacemos. Porque cuando los mercados nos demanden productos sin agroquímicos o con agroquímicos, pero con un plan de manejo, tenemos que estar preparados para responder. Acá lo que parece que no se entiende es que en las zonas periurbanas viven familias y hay escuelas.
-Cuando hablan de “criminalizar a los productores” se referían, por ejemplo, a la posibilidad de que se autoriza a que la Policía ingrese cuando el campo está cerrado o no haya nadie.
-Eso se escuchó en la mesa y también se analiza readecuar algunos textos (del reglamento). Pero que quede claro: esto no es una caza de brujas. Al contrario. Uno tiene que empezar a transitar con la reglamentación y ver si es necesario o no hacer readecuaciones… Yo creo que no hay necesidad de que uno tenga que entrar compulsivamente al campo de nadie. Si el productor te dice “no, no quiero que entres”, te retirás y después solicitás una autorización judicial. Nosotros respetamos, por supuesto, la actividad privada. Pero hay que imaginarse una situación en la que se está mal aplicado, con una deriva (por el viento que dispersa los agroquímicos), que afecta a tus hijos que están jugando en el patio de tu casa casa. Por eso digo que hay que ser muy responsable al hacer dichas aplicaciones.
-¿La intención del gobierno es publicar el decreto con la reglamentación antes del fin de año?
– No quiero poner fecha porque me interesa ver realmente cuáles son las objeciones puntuales y concretas al decreto. Y también me interesa ver si, luego, hay que modificar la ley.