La vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, María Beatriz Giraudo, llegará este miércoles a La Pampa para firmar un convenio y aprovechará su estadía en la provincia para intentar interceder en la puja entre el Gobierno provincial y los ruralistas por la reglamentación de la Ley de Plaguicidas, aprobada en 2020 por la Legislatura.
Según publicó el diario La Nación, el Gobierno de Javier Milei está en contra de la decisión de las autoridades de La Pampa de pretender reglamentar una ley de Gestión Integral de Plaguicidas que dejaría, según los productores, más de 200.000 hectáreas sin producir debido a fuertes condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de numerosos requisitos.
Giraudo tiene pensado reunirse con la ministra de la Producción Fernanda González para intentar “mediar” entre el gobierno provincial y los productores.
En el Gobierno nacional tienen en claro que no pueden involucrarse en una ley provincial. Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que no están de acuerdo con el avance de la reglamentación de la ley, ya que deja afuera miles de hectáreas productivas. Y en ese marco se inscribe la irrupción de Giraudo, consignó La Nación.
El matutino aseguro que el INTA está trabajando en el proyecto desde el minuto cero. “El equipo de análisis del INTA lo lidera Jorgelina Montoya y se están haciendo sugerencias con todo el grupo de las entidades agropecuarias”, indicó.
Giraudo tiene previsto viajar este miércoles a La Pampa, donde va a firmar un convenio el jueves, y va a tratar de conversar y exponer la preocupación que tienen sobre esta situación con la ministra González. La idea es pensar en una estrategia que vaya de la mano con lo que hicieron las entidades en el último tiempo.
La idea es que esta ley no restrinja la producción. A nivel nacional hay regulaciones encabezadas por el Senasa, donde cada producto aprobado lleva su etiqueta con las indicaciones sobre su uso y aplicación: máquinas permitidas, herramientas, tecnología y el uso adecuado. Por eso, creen que la ley debe facilitar todos estos aspectos. En su forma actual, tal como se plantea reglamentarla, es inaplicable, sostuvo La Nación.
La semana pasada, en declaraciones a Diario Textual, la ministra González dijo que le “sorprendió” la actitud de los productores rurales que pegaron el portazo y ratificó la intención de “consensuar” y “armonizar intereses” para que salga el decreto con la reglamentación de la Ley Integral de Plaguicidas que busca controlar el uso de agroquímicos en toda la provincia, fundamentalmente en el área periurbana. De esta manera, confirmó que no está en los planes de Casa de Gobierno impulsar la derogación de la ley en la Legislatura para arrancar de cero con el debate.
La Legislatura aprobó el 30 de noviembre de 2020, por mayoría con el voto del oficialismo y aliados, la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que, entre otros puntos, establece la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros. En su momento, la distancia de la veda de pulverización fue uno de los puntos que más cuestionaron desde los bloques legislativos opositores: pidieron acortar esos metros, a tono con el reclamo de las asociaciones de productores agropecuarios.
En las últimas semanas, se empezó a reunir el consejo consultivo para reglamentar la ley. En el último encuentro llevado a cabo la semana pasada los productores rurales y las cámaras de aplicadores pidieron, directamente, derogar la norma porque, según sostuvieron, “perjudica” y “burocratiza” a la producción y “criminaliza” a los ruralistas.
Plantearon, entre otros puntos, que previo a una aplicación todos los actores involucrados deberán inscribirse en diversos registros, será obligatorio presentar un diagnóstico previo, hacer recetas de compra y de aplicación, y efectuar un cierre de dicha tarea. Además, otorga la facultad al Estado, a través de las autoridades de aplicación, de ingresar a las propiedades privadas de los productores.
En ese mismo lugar, se retiraron del encuentro. Luego, intentaron justificar su negativa a debatir la reglamentación porque no los “escuchan” desde el Gobierno.
