El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe en el que destacó el desfinanciamiento o la ausencia de fondos para programas relacionados a lo denominado como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), según lo establecido en el proyecto de presupuesto 2025 por el gobierno de Javier Milei.
“El discurso antifeminista sostenido por el Gobierno nacional se refleja de manera muy clara en la asignación de los recursos públicos. Desde el Poder Ejecutivo se niega la existencia misma de las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y diversidades, pese a que en las propias estadísticas oficiales se vislumbran brechas laborales, de ingresos, de cuidados, etc. Si bien la ejecución institucional de este discurso fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), la práctica antifeminista no se agota ahí: fueron reducidos o eliminados un numeroso grupo de programas, ejecutados por distintos ministerios, que contribuyen a la reducción de las brechas de género”, sostuvo, en uno de sus primeros párrafos, el CEPA.
Desde esta organización, que agrupa a economistas de distintos puntos del país, se aclaró que el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) es una herramienta de gestión cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de género (transversal e interseccional) en todo el proceso presupuestario y que parten del reconocimiento de las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y diversidades y reconocen, dentro de estas desigualdades, el aporte del trabajo doméstico y de cuidados al sistema económico y productivo, realizado mayoritariamente por las mujeres.
Según el CEPA, a grandes rasgos se pueden observar en el proyecto de presupuesto 2025, tres tipos de situaciones respecto a las partidas presupuestarias identificadas en 2023 como programas con perspectiva de género:
-«Solo 5 de los 20 programas seleccionados de PPG registran un crecimiento real en el crédito asignado para 2025 en comparación con el presupuesto ejecutado en 2023; siendo 2 de ellos (AUH y 1.000 días) parte de la estrategia de atención y transferencia de ingresos.
-Mientras que, 8 de los 20 programas seleccionados presentan una profundización del ajuste ya efectuado en 2024 -entre los cuales se encuentra la moratoria previsional, cuya eliminación ya fue confirmada por el titular de ANSES-.
-Y hay 6 programas eliminados o sin partidas que especifiquen su presupuesto: es decir, en el mejor de los casos se trata de un problema de transparencia, en el peor, el incumplimiento por parte del Estado del deber de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia. Se incluyen en este grupo por ejemplo la Ley Lucio (tiene como objetivo brindar información clave sobre los sistemas de protección de la infancia en la Argentina, luego de la muerte de Lucio Dupuy en Santa Rosa), la Línea 144 (brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año) y la Educación Sexual Integral (norma sancionada en 2006)».
Con relación a la ejecución presupuestaria de la Ley Lucio, el diputado nacional Martín Maquieyra (Pro), principal impulsor en el Congreso de esta norma, aclaró: “Nunca figuró en ningún presupuesto. Eso no implica que no se ejecute. Son capacitaciones y campañas de concientizacion”.
Y agregó: “El gobierno anterior (Alberto Fernández) hizo algunas capacitaciones. El actual está lanzando nuevamente las capacitaciones después de haber adaptado los contenidos a lo que fue lo aprobado por el Consejo Federal de Niñez, ya que el gobierno anterior se había desviado de los contenidos a los que apunta la ley”. Y reconoció que con la relacionado a las campañas de concientizacion, tanto el gobierno anterior como el actual tampoco no han tenido una comunicación fuerte en el tema.
Maquieyra también se refirió a lo que ocurre en La Pampa: “Ahora bien, muchas provincias han avanzado por su cuenta en las capacitaciones de la Ley Lucio, como Mendoza, CABA y Tucumán. Esa es la mejor forma de implementar la ley, porque hace que la capacitación se adapte a la realidad de cada provincia que tiene protocolos específicos. Además, que son empleados de esas jurisdicciones los que se capacitan, como docentes, enfermeros, médicos, fuerza de seguridad, entre otros. Lamentablemente la Pampa no ha tenido esa iniciativa y sería bueno que la tome, porque adherir y espera a que Nación baje una capacitación por zoom no es la mejor forma de aplicar la normativa”.
Para el CEPA, “la propuesta de Presupuesto para 2025 sostiene y profundiza las reducciones presupuestarias advertidas durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género. De no sancionarse el Presupuesto 2025, escenario probable a la fecha, el Gobierno nacional contará con mayor discrecionalidad en la asignación de las partidas de gasto, prorrogando el Presupuesto 2023”.
“El ajuste fiscal no es neutral en términos de género, por el contrario, tiende a profundizar las desigualdades existentes. Así, en caso de aprobarse el proyecto de Presupuesto 2025 tal cual fue presentado o prorrogarse nuevamente el Presupuesto 2023, las consecuencias recaerán asimétricamente sobre mujeres y diversidades”, concluyó en su informe el Centro de Economía Política Argentina.