Fue bajo el nivel de acatamiento al paro convocado este jueves 28 por la Mesa Intersindical, en reclamo de mayores aumentos salariales a los otorgados. Así por lo menos indicaron los reportes en la administración central, los hospitales y otros organismos públicos. Se sintió con fuerza, sin embargo, en la Justicia.
En el Hospital Favaloro, de Santa Rosa, por la mañana se trabajó con relativa normalidad. Hubo quienes pararon (como en el sector de los instrumentadoras, más dos camilleros), pero no son mayoría. Es decir, no se resintieron -en líneas generales- los servicios.
En el Hospital Centeno, de Pico, por su parte, la medida de fuerza prácticamente no se percibió, al igual que en el resto de los centros de salud de la provincia: en la Zona Sanitaria 4, por ejemplo, solo adhirió una persona.
En Casa de Gobierno tampoco se sintió: se está trabajando normalmente. Lo mismo pasó en Vialidad, la Administración Provincial del Agua, Canal 3 y otros organismos públicos.
A su vez, en la gran mayoría de las municipalidades tampoco movió el amperímetro. En Santa Rosa, por ejemplo, se trabajó normalmente, reconocieron empleados a Diario Textual. En Pico, sin embargo, hay sectores que tuvieron que bajar sus ventanillas porque la adhesión fue importante.
El paro se sintió, con fuerza, en el ámbito de la Justicia, donde lo militó el Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (Sitraj).
Hay un dato, si se quiere, llamativo: docentes en General Pico se sumaron al paro. Es un mensaje a la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), que no adhirió al paro. Encima, al frente de la conducción se encuentra una piquense, Rosana Guagliara.
Los docentes que adhirieron responden a Utelpa y, también, al Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitep), conducido por Christian Rosso.
El paro fue convocado por la Mesa Intersindical, que nuclea a gran parte de los gremios estatales pampeanos. A las 10 horas se concentrarán en la plaza San Martín, de Santa Rosa, y marcharán a Casa de Gobierno.
La medida de fuerza llegó debilitada: hay gremios que se bajaron; otros sindicatos que están haciendo retranca y casi no movilizarán; existe cierto temor en los trabajadores a la posibilidad de descuento del día; y, encima, en las últimas horas hubo dirigentes gremiales que dieron una conferencia de prensa con datos inexactos.
Ayer, desde la Intersindical dijeron que era “justo, legítimo y legal” y advirtieron que firmar el acuerdo salarial que propuso el Gobierno era “achatar el salario y una entrega” porque se congelaba el sueldo durante seis meses. Sin embargo, poco después ese argumento se cayó: desde Casa de Gobierno lo negaron terminantemente y aseguraron que habían entregado la información a los gremios con las escalas salariales, donde se indicaba que los 800 mil pesos serán el piso para calcular los aumentos desde febrero de 2025. La desmentida oficial generó tensión y malestar entre los propios dirigentes sindicales. “Hubo alguien que nos hizo meter la pata…”, masculló la bronca un veterano sindicalista.
“El monto mínimo garantizado de $800.000, vigente hasta el 31 de enero, será la base para calcular los aumentos salariales que se determinen en febrero”, comunicó Casa de Gobierno. “Inexactamente se informó que el salario básico de las y los trabajadores estatales está congelado durante seis meses. A modo de ejemplo, y profundizando el error, se indicó que el caso de un hipotético aumento del 3 % en febrero, solo alcanzaría los $18.000 porque el cálculo se haría sobre la base de $580.000. Esa interpretación es equivocada”, aseguró a través de la Agencia Provincial de Noticias.
El paro es convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (Sitraj), Luz y Fuerza La Pampa, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (Sitep), el Sindicato Vial y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem).
El Sindicato de Personal de Obras Sanitarias (Sipos), pese a que había participado del plenario donde se votó la medida de fuerza contra la administración de Sergio Ziliotto, se dio vuelta luego de una “corrección” de la oferta salarial por parte del Ejecutivo y anunció que no se plegará.
En tanto, como había adelantado Diario Textual, la Asociación de Personal de Empleados Legislativos (Apel) adhirió, aunque dio una suerte de “libertad de acción” a sus trabajadores, en medio de un trasfondo sindical: las negociaciones sectoriales.
A su vez, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que tienen importante poder de convocatoria, no adhirieron. En rigor, tampoco pertenecen a la Intersindical.
El Gobierno está garantizando este año la cláusula gatillo para empardar la inflación; subió recientemente el mínimo salarial a 800 mil pesos (hasta febrero de 2025); dio un bono de fin de año de 300 mil pesos; y otorgó recategorizaciones a determinados gremios.
Algunos sindicatos han aceptado el ofrecimiento, en tanto que el grueso de los integrantes de la Intersindical reclama más: es que los dirigentes hacen números y sostienen que, principalmente por la devaluación de diciembre de 2023, han perdido en los últimos dos años alrededor del 60% del salario.